Los Fiscales Anticorrupción de 18 estados de México, sostuvieron un encuentro en Saltillo como parte de la Tercera Convención Nacional Anticorrupción, un tema que le afecta más a la pobreza.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó este evento.
La Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (Conafa), fue creada el 7 de septiembre de 2018 con el objetivo de impulsar y difundir programas dirigidos al fortalecimiento de la prevención, investigación y detección de delitos por hechos de corrupción, así como proponer políticas públicas en la materia.
“Llegan aquí donde todos trabajamos en equipos y esa ha sido la fórmula para salir adelantes en temas adversos como la seguridad, a final de cuentas todo lo que hacemos se traduce en una frase que es calidad de vida”, mencionó Jesús Homero Flores Mier, fiscal anticorrupción en Coahuila.
La Convención Nacional de Fiscales ha realizado dos cumbres, su primera edición en el 2018 en el estado de Sonora y la segunda en 2019 en Guadalajata.
“La corrupción afecta a los derechos más básicos de las perdonas y a los más pobres es a los que afecta, por eso es política de todo el estado que ha encontrado una instancia especial”, dijo María de la Luz Mijangos Borja, fiscal general anticorrupción.
Sobre este tema, el gobernador Miguel Riquelme, celebró que sea Coahuila un punto de referencia en materia de combate a la corrupción.
“Hoy en día la sociedad demanda políticas de estado, es una demanda, una exigencia de la sociedad, la afectación viene a dar en la cadenas a los más necesitados y a los más pobres, por eso yo celebro esta reunión que también sirva de mucho”.
Señaló que hoy el estado tiene políticas públicas que privilegian a la seguridad y al combate a de la corrupción mediante los tres poderes de gobierno.
Con la tercera edición de la Convención Anticorrupción, los gobiernos buscan generar e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de procurar justicia en materia de corrupción en un ambiente de corresponsabilidad, para impulsar políticas públicas de combate a la corrupción y a la impunidad con apego a los derechos humanos y a las legislaciones vigentes.
CALE