La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila fue promulgada en el año 2001, su intención era promover que los coahuilenses pudieran incidir en la administración pública desde distintas vertientes, entre ellas el plebiscito, a través del cual era posible proponer cambios sustanciales a la legislación local y en conjunto con sus gobernantes.
El pasado 24 de septiembre, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Educación Cívica (ENCIVICA), del Instituto Nacional Electoral en el estado, el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano, aceptó que la ley “está durmiendo ahí el sueño eterno, ¿verdad? Porque no hemos en ninguno de estos 24 años de vida de esta ley realizado algún ejercicio de participación ciudadana, y esto, pues nos lleva y nos invita a la reflexión: una ley que está ahí, instrumentos de participación ciudadana que están normandos, que están establecidos, y que nunca como sociedad los hemos puesto en marcha”.
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Y es que, 23 años después, la ley ha sido prácticamente inexistente en su aplicación, tanto que en ella no figura aún el propio IEC sino el Instituto Electoral y de Participación de Coahuila, extinto hace años. ¿A qué se debe esto?, quienes debieran haberla promovido no lo hicieron, llámense partidos políticos, legisladores locales, organismos de participación ciudadana, organismos electorales, y la propia administración estatal y municipal; algunos de estos protagonistas aceptaron lo anterior y recalcaron la necesidad de revivir esta legislación ya que al no hacerlo, se está vulnerando el derecho que precisamente pretendía salvaguardar: la participación ciudadana.
El legislador morenista Antonio Attolini, señala que incluso cuando se ha intentado revivirla muchos son los obstáculos por los que se debe pasar: “yo solicité que la ratificación del contrato que extendía por ocho y quince años la recolección de servicios de basura de la empresa PASA, en el caso de Matamoros y Acuña respectivamente; fuera sometido a un plebiscito que establece en su artículo 24, precisamente la Ley de Participación Ciudadana (pero) todos los diputados del PAN y del PRI hicieron caso omiso de esa solicitud; no usan las disposiciones que esa misma ley tiene, la presumen de que existe hace muchos años claro, pero la tienen empolvada en un parador sin utilizarla y aplicarla nunca”.
En octubre del 2023, en Saltillo también se intentó hacer lo propio por la representación estatal del mismo partido, encabezado por Diego Del Bosque, quien acudió a presentar una solicitud escrita al ayuntamiento para realizar una consulta en el caso de la ampliación de la sociedad establecida con Aguas de Saltillo, esto tampoco ocurrió, y finalmente el Congreso del Estado validó la ampliación de la asociación por 7.5 años más.
Sugieren renovación de ley
La ley fue actualizada en el año 2020, pero aun así no ha podido dar alcance a los cambios sociales actuales, aceptan los entrevistados, por lo que será necesario volverla a renovar, para lo cual ya se trabaja una propuesta desde la sociedad civil; pero ¿qué nos garantiza que ahora sí esta legislación no sea letra muerta? Se requiere un verdadero compromiso de promoción de la misma, en todas sus vertientes, no únicamente aquellas que se limitan a ciertos grupos de la población.
Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna, expresó que por su parte ya han iniciado un proceso para buscar que esta ley vuelva a renovarse, quitando candados que prácticamente nulifican la posibilidad de que se aplique: “desde el año pasado hemos estado trabajando en una nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado, ciertamente la última que se publicó data de 2001, más de 23 años, si bien tuvo algunas actualizaciones no han sido tan significativas”.
Explicó que la ley actual solamente contempla ocho mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el Plebiscito, el Referéndum, la Iniciativa Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana y los Consejos de Participación Comunitaria.
A ello se suma que se exige en el actual marco legal un universo de ciudadanos que es prácticamente imposible de reunir y eso desalienta que organizaciones civiles lleven a cabo estos mecanismos de consulta y participación: “dentro de lo que nosotros estamos contemplando también es buscar reducir un poco el porcentaje que se requiere para activar algunos de estos mecanismos, por ejemplo el Plebiscito o el Referéndum, se requiere el 2 por ciento de la lista nominal, estamos hablando de más de 45 mil personas; esto de alguna manera desincentiva a los ciudadanos a querer activar un mecanismo de participación”.
Sin embargo, también existe la Iniciativa Ciudadana en que una sola persona puede presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado, y que es de los pocos mecanismos que contados ciudadanos han logrado practicar.
En este sentido aceptó que ha faltado promoción de todos los actores, quienes están obligados por la propia ley a impulsar su aplicación, entre ellos precisamente el Instituto Electoral de Coahuila: “a mí me parece que el propio Instituto Electoral de Coahuila debe ser un promotor de los mecanismos de participación ciudadana que hoy existen, si bien son pocos, no solamente existe para organizar elecciones locales, existe también para darle certeza y legalidad y activar los mecanismos de participación ciudadana”, expuso Zamarripa.
Alfredo López Villarreal, presidente de la Confederación Patronal Mexicana en la Región Sureste de Coahuila, acepta que como organismos tampoco han logrado incidir en impulsar este recurso ciudadano: “lo que pasa que nosotros como ciudadanos, como organismos empresariales, hay que también difundir esa ley; porque si no la difundimos no la conocen los ciudadanos; el INE tiene una labor importante y el IEC de difundir esa Ley de Participación Ciudadana… nos ha faltado entonces muchísima difusión y si los ciudadanos no la conocen no pueden hacer uso de ella”. Coincidió en que debe revisarse: “si tiene resultados, o habría que actualizarla”.
Juan Carlos López Villarreal, Presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila Sureste, apuntó también en la necesidad de reformar la ley ante la falta de uso de la misma, “pues a lo mejor sería bueno que alguno de los diputados locales la tomara para actualizarla y reformarla; si tiene 20 años y se ha usado creo que una vez, pues a lo mejor no está siendo efectiva, creo que ahorita es un buen momento donde no vamos a tener elecciones en por lo menos un año, año y medio”, expuso.
Desde su perspectiva también ocurre que quienes participan no son tomados en cuenta y es por ello que llega la frustración al ciudadano, “el Consejo Cívico uno de sus objetivos es incidir en la política pública para un mejor gobierno, participamos mucho cuando se hizo el Sistema Estatal Anticorrupción: se revisó, se tuvieron paneles, se tuvieron reuniones, se hicieron muchas sugerencias. Muchas no fueron aceptadas obviamente y ahorita vemos que, pues no ha pasado mucho, no ha pasado prácticamente nada con el Sistema Estatal; también es un poco de frustración, creo yo de la sociedad en este tipo de iniciativas”, expuso.
El vocal ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, José Luis Vázquez López, indicó que si bien estas legislaciones pretenden y pueden incidir en conformar una conciencia y cultura cívica más madura para la población, en el caso de nuestra entidad y al menos en el marco electoral, aun con ello la participación ciudadana en el plano electoral ha sido positiva y ha colocado a la entidad en el quinto sitio a nivel nacional.
Puso como ejemplo la integración de la Mesa Directiva de Casilla, “que son las personas que captan el voto y lo cuentan en primera instancia; es una ciudadanía sorteada y sí está participando, traemos un decrecimiento en los últimos cinco años de las personas que no están yendo a cumplir su obligación ciudadana a las casillas y es una magnífica noticia, quiere decir que hay un cumplimiento de la obligación ciudadana”, en tanto que en la emisión del voto, la entidad tuvo regiones como la Laguna, donde acudió el 70 por ciento de la lista nominal; en este sentido consideró que la participación ciudadana organizada es fuerte en la entidad, aunque sí es importante fortalecer lo correspondiente al ciudadano común.
“El no ejercer esas posibilidades en parte sí están vinculados con un tema de información ciudadana; seguramente mucha gente no sabe que existe eso y está el reto”, citó como ejemplo estados donde sí se está aplicando algunos de estos mecanismos, como es el caso de la Ciudad de México, en esquemas como el Presupuesto Participativo de las alcaldías, y el ejercicio de los referéndums: “lo más conveniente sería, en la ciudadanía, voltear a ver estas opciones que se tiene de participación, y que se incrementen las posibilidades y las capacidades de influencia de la gente es sin duda algo deseable”.
El delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, quien recientemente llegó a Coahuila procedente de Tamaulipas, señaló que en esa entidad se dio impulso a mecanismos de participación ciudadana que también se están ejecutando en Coahuila, como los comités de alumnos en las escuelas secundarias, mediante asambleas para darles a conocer la ruta de los programas sociales que son aplicables a ellos “y cuál es el objeto del mismo para que sigan en sus estudios; yo creo que en esta administración seguramente va a haber una socialización de los programas que va a incentivar mucho la participación social y de alguna manera es el plan, que sean ellos los que decidan cómo se va a ejecutar”.
Marco Zamarripa, del Consejo Cívico de la Laguna, señala que desde el 2015 Coahuila no ha realizado ningún mecanismo de participación ciudadana, por lo que la propuesta desde esta organización es incluir la Revocación de Mandato, el Cabildo Abierto, el Presupuesto Participativo y las Contralorías Sociales, “por mencionar algunos mecanismos que no incluye la ley actual y me parece que esos sí debería tanto el Instituto Electoral como las organizaciones de la sociedad civil, darle, pues voz a que se busque activar estos mecanismos; de otra manera el Instituto solamente estará activándose cuando hay un proceso electoral y sabemos que eventualmente haya proceso o no ellos reciben presupuesto muy similar”.
En este sentido, el Consejero Presidente del IEC, Rodrigo Paredes Lozano, reconoció que como autoridades “nos corresponde hacer un mayor impulso en la difusión de lo que establece la Ley, de lo que le permite a la ciudadanía en su ámbito de participación, y también capacitar a la ciudadanía en la utilización de estos instrumentos que están a su disposición para ello”.
Afirmó que, por su parte, de manera cotidiana, están impulsando las actividades educativas que tienen que ver con la participación ciudadana a fin de que se involucren en la toma de decisiones.
No obstante, y aunque la ley prevé en su artículo 15 que el IEC debe tener un Programa de la Cultura de Participación Ciudadana y Comunitaria, donde debería definir la participación que corresponderá a las dependencias y/o entidades del estado, los municipios y a la comunidad en general, e instrumentarse cursos de capacitación, talleres, conferencias o cualquier otra forma de aprendizaje social “a fin de que las personas tengan la oportunidad real de ejercer los derechos que establece esta ley”, dicho plan no fue encontrado en su página oficial.
DAED