Los estados de Coahuila y Durango ejercen el 50 por ciento de sus recursos anuales en el rubro de Desarrollo Social, según el Informe Estatal, ¿cómo gastan los estados? publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad.
Coahuila invierte 34 mil millones de pesos, es decir, un 49 por ciento de su gasto en Desarrollo Social, le sigue el rubro de Gobierno con 12.8 mil millones de pesos, es decir, un 18.6 por ciento del presupuesto.
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En el apartado de Desarrollo Económico tiene un gasto de 3 mil millones de pesos, equivalente a un 4.4 por ciento y en el apartado clasificado como Otros tiene 19.1 mil millones de pesos de pesos, esto en parte consiste en transferencias a municipios y transacciones.
En lo general Coahuila ejerció 68.9 mil millones de pesos durante el último año, cuando al inicio tenía contemplada una cifra de 64.9 mil millones de pesos.
Durango, por su lado, tenía contemplado un gasto de 41.3 mil millones de pesos y al final ejerció 46.1 mil millones.
El rubro de Desarrollo Social concentró un 57 por ciento del presupuesto, es decir, 26.2 mil millones de pesos. Le siguieron el de Otros (transferencias a municipios y otras transacciones) con un 23.6 por ciento, es decir, 10.9 mil millones de pesos.
Luego estuvo el apartado de Gobierno con 7.4 mil millones de pesos y Desarrollo Económico con 1.5 mil millones de pesos, traducidos a un 16.1 y 3.3 por ciento, respectivamente.
Cabe recordar que en el rubro de Desarrollo Social está incluido el tema de salud y también el de educación.
Ingresos propios en Coahuila y Durango
Por el lado de los ingresos, el informe del IMCO revela que Coahuila tenía una proyección de recaudar 64.3 millones de pesos y al final logró ingresar 69 mil.3 millones de pesos.
De esa cantidad, el 81.5 por ciento corresponde a recursos federales, 15 por ciento a recursos propios y 3.5 millones de pesos a financiamientos.
Durango, por su parte, estimó un ingreso de 39.6 mil millones de pesos y al final logró ingresar 47.3 mil millones de pesos.
De ese monto, el 83.4 por ciento fue por recursos federales, 11.6 por ciento por ingresos propios y 5.1 por ciento por financiamiento.
Con relación a estos datos, Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el Observatorio Ciudadano de La Laguna, resaltó que Coahuila tiene un alto porcentaje de recaudación propia.
“Analizando las fichas resalta en el caso de Coahuila que sigue teniendo un alto porcentaje de recaudación propia, pues de los 69 mil 290 millones recaudados en 2023, el 83 por ciento son recursos federales, el 15 por ciento propios, un 3.5 por ciento de financiamientos”.
Refirió que existe una marcada diferencia con Durango en el razón de las participaciones federales recibidas al final.
“A diferencia de Durango, los recursos de la federación no fueron tan superiores y apenas fueron del 8 por ciento. De los 47 mil 310 millones de pesos el 83.4 por ciento vienen de la federación, 11 por ciento propios, técnicamente se pide lo mismo de deuda con 2 mil 400 millones de pesos”.
Datos a nivel nacional
El coordinador de Investigación en el Observatorio Ciudadano de La Laguna Luis Alfredo Medina destacó que los datos en su conjunto de cada una de las 32 entidades federativas permiten conocer que el 41 por ciento de los egresos van destinados a un rubro del que poco se habla.
“De lo que está midiendo el IMCO llama la atención que en la parte de gasto se hace referencia a que al 41 por ciento de los egresos de las 32 entidades federativas se va para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Es importante recalcar qué significa este rubro en finanzas públicas, pues muchas de las veces no dice nada, pero es mucho”.
Refirió que ,las transferencias internas y asignaciones al sector público es el dinero que se le da principalmente a las dependencias descentralizadas, órganos autónomos y poderes públicos.
“Mucho de este recurso que se está etiquetando es técnicamente para nómina y si hacemos un análisis más específico podemos afirmar que 6 de cada 10 pesos a las entidades federativas es para el pago de la nómina”.
Puso como ejemplo que de esta manera se puede costear una doble nómina en algunas entidades federativas.
“Muchas entidades, sobre todo en el sur del país, tienen una nómina centralizada muy corta y una descentralizada por amplia”.
El propio documento del IMCO expone que en 2023 los estados obtuvieron más ingresos estimados en distintas partidas y presentaron subejercicios.
“Entre estas partidas destacan las siguientes: Comunicaciones (-15.6%); Ciencia, tecnología e innovación (-10.7%); Minería, manufacturas y construcción (-5.4%); Vivienda y servicios a la comunidad (-3.2%); y Combustibles y energía (-3.0%)”.
Poca inversión en Obra Pública a nivel nacional
El Informe Estatal, ¿cómo gastan los estados? también permite conocer el reducido número de recursos que existen destinados para inversión pública y que supera el rubro de deuda.
“Los estados están destinando el 6 por ciento a la deuda pública, siendo superior a la inversión pública que es del 4 por ciento”, dijo Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el Observatorio de La Laguna.
Indicó la importancia de que los Congresos de los Estados tienen como tarea pendiente un mayor monitoreo del cumplimiento de la Ley Hacienda y Contabilidad Gubernamental deuda de los congresos de los estados para evitar que se siga con una inversión de “migajas” y se fomente el crecimiento de más burocracia.
El documento expone que este rubro sufrió subejercicios, pues aunque a nivel nacional fueron destinados 119.9 mil millones de pesos, sólo se ejercieron 106.5 mil millones de pesos.
“Por el contrario, se sobre ejercieron recursos en conceptos como Amortización de la deuda pública (174.0%); Equipo e instrumental médico y de laboratorio (142.8%); Vehículos y equipo de transporte (108.1%); Servicios de comunicación social y publicidad (66.6%); y Servicios oficiales (56.6%). El tipo de adecuaciones presupuestales –tanto recortes como aumentos– que se documentan en este informe revelan áreas de oportunidad en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos públicos, y subrayan la importancia de limitar la discrecionalidad que las secretarías de finanzas estatales tienen en la gestión de los recursos".
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