Pese a que Silvia Eugenia Garza Villarreal, representante de Familias Unidas de Piedras Negras, denunciara públicamente que elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, trataron de cobrar a las familias de las víctimas de desaparición forzada del caso Allende, para realizar las investigaciones, el Fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, aseguró que no se tienen denuncias por ello.
En el marco de la disculpa pública ofrecida por autoridades estatales y federales el 27 de junio pasado por los hechos registrados en Allende, Coahuila, en el mes de marzo de 2011, donde al menos 27 personas fueron desaparecidas y privadas de la vida, Garza Villarreal denunció que cuando se realizaron las denuncias por los hechos violentos, las autoridades les ocultaron sus derechos, además intentaron beneficiarse cobrandoles “en efectivo o en especie, con propiedades, los procedimientos que por obligación les correspondía realizar”.
Sin embargo, Herrera Cepeda expuso que se tiene acercamiento con los colectivos Alas de Esperanza, de Allende, y Fuerzas Unidas, de Piedras Negras, y no se tiene conocimiento “hasta el día de hoy, de que algún agente del Ministerio Público o policía de la Fiscalía (General del Estado) haya cobrado o haya exigido dinero”.
Aunque esto no significa que no haya ocurrido, por lo que el funcionario extendió la invitación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada o privados de la vida, en los hechos de Allende, para que denuncien a los elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, que haya incurrido en esta conducta ante las instancias correspondientes.
“Yo invito a la persona afectada a que lo haga del conocimiento de nosotros, de la Fiscalia de Personas Desaparecidas o de la Contraloría Interna para que se proceda conforme a derecho”.
Procesan a 109 por desaparición forzada
La Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila tiene 109 personas procesadas por el delito de desaparición forzada, el delito de secuestro calificado y el delito de desaparición cometida por particulares, en su mayoría se trata de policías que cometieron los ilícitos estando en funciones.
El titular de la dependencia informó que a la fecha se tienen 109 personas procesadas por estos delitos, incluyendo las personas procesadas por los casos de Allende y el Penal de Piedras Negras.
Precisó que al menos la mitad de casos, se trata de policías que cometieron el delito cuando ejercían funciones en distintas corporaciones de seguridad pública, desde policía municipal, hasta policía estatal.
“Aproximadamente entre el 45 y 50 % de estas personas procesadas son servidores públicos, es decir, ex policías de diversas corporaciones. Para que se acredite el delito de desaparición forzada de personas tienen que ser policías en activo”.