Este jueves 4 de junio, integrantes de organizaciones no gubernamentales, colectivas feministas, así como defensoras de derechos humanos y especialistas en derechos de la niñez, se manifestaron a través de un comunicado donde se les recuerda a las autoridades jurisdiccionales que el marco jurídico especializado en favor de las mujeres no es un privilegio ni una ventaja, sino una medida de nivelación histórica.
Las organizaciones que suscriben el documento son Acompañantes Laguna, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Activistas Feministas de La Laguna, Justicieras por Nuestras Infancias, la Red de Mujeres de la Laguna, UNI Violetas, la Ola Feminista de La Laguna, Brujas de la Calle, Millitiam GP, Revolucionarias de La Laguna, Asesoría Jurídica Pro Mujer + Infancia, Tribu Noas, Colectivo Feminista Matamoros y Flores Radicales del Desierto.
“Durante siglos, el derecho penal y civil fue redactado por y para hombres, confinando a las mujeres al ámbito doméstico, sin protección ante la violencia familiar, considerada en aquel entonces un asunto privado. Este marco normativo costó décadas de movilizaciones, litigios estratégicos, dolor y pérdida de vidas de miles de mujeres en México y el mundo. Surgió para responder a una realidad estructural y medible: la violencia de género es sistemática”, apuntaron.
Asimismo, recordaron que la legislación internacional y nacional obliga al Estado mexicano a juzgar con perspectiva de género para equilibrar una balanza que históricamente ha estado inclinada en contra de las mujeres, y que los tribunales no son espacios de negociación política; son órganos de legalidad. Por tanto, exigieron que cada persona juzgadora resuelva únicamente con estricto apego al debido proceso y no bajo directrices o promesas ajenas al litigio.
“La independencia judicial debe ser una garantía para la colectividad; la delicada tarea de impartir justicia jamás se debe someter a compromisos políticos o presiones mediáticas de grupos de interés. Somos contundentes al señalar que garantizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables es un mandato del artículo 17 constitucional. El uso de la Defensoría Pública para representar a personas con evidente solvencia económica, bajo el único criterio de pertenecer a un gremio, constituye una grave distorsión institucional y una probable responsabilidad administrativa”.
Con esta práctica, aseguran, se desplaza a las personas de escasos recursos, particularmente a mujeres e infancias, profundizando la brecha de desigualdad en el acceso a la justicia.
“No estamos pidiendo un favor, sino la observancia de la ley en materia penal, civil y familiar en México y Coahuila. Recordamos a nuestro Poder Judicial que el marco de protección para las mujeres y las infancias responde a mandatos constitucionales (artículos 1.° y 4°) e internacionales (CEDAW y Belém do Pará), orden normativo que el Poder Judicial de Coahuila está estrictamente obligado a aplicar.
“De igual manera, las medidas de protección y las fiscalías especializadas no están sujetas a debate ni a desmantelamiento. Cualquier acto institucional que debilite estos mecanismos representa una violación al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, lo que compromete la responsabilidad del Estado. Estamos observando y, de ser necesario, estamos listas para constituirnos en órgano de contraloría ciudadana”.
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