En una audiencia a puerta cerrada que apenas superó las dos horas, sin permitir que el caso avanzara a juicio y dando por buena una denuncia de una presunta tortura con la que se anuló un testimonio clave, un juez de Veracruz absolvió a Javier Duarte del delito de desaparición forzada.
En la sesión del 14 de noviembre, a cuya grabación completa tuvo acceso MILENIO, no estuvieron presentes ni en el lugar ni conectadas a distancia las víctimas del caso.
Quien sí estuvo presente, conectado por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, fue el ex gobernador de Veracruz quien en tono relajado y por momentos visiblemente sonriente presenció como los fiscales locales intentaban, a la desesperada, rescatar una investigación y proceso penal de seis años.
No hubo caso. El juez Oscar Hernández Carmona despachó una y otra vez los argumentos de los fiscales y de la asesora jurídica de las víctimas, quienes le pidieron por lo menos que pospusiera la audiencia 24 horas para que la familia de David Lara Cruz, un hombre desaparecido en 2014, en pleno corazón del sexenio duartista en Veracruz, pudiera ser notificado.
“Esta audiencia no era para esto, era para debatir la nulidad de una prueba”; “usted no puede suplantar al tribunal de enjuiciamiento”; “hay una velocidad inusual en el caso” fueron algunos de los argumentos vertidos por los fiscales que, sin embargo, no fueron avalados o se quedaron sin respuesta de parte del juez Hernández.
Pablo Campuzano, jefe de la defensa particular de Duarte, contraargumentó que la audiencia para discutir la absolución del ex gobernador debía resolverse ya, pues esto tenía un impacto directo en su libertad.
“Nosotros nos iremos a nuestras casas a dormir, pero para la persona privada de la libertad” dijo el litigante.
Se trataba, en realidad, de un argumento retórico porque, como una fiscal lo precisó, Duarte no podía salir libre ese mismo día pues purga una condena federal de nueve años de prisión.
Sin embargo, el juez dio por bueno este y todos los demás razonamientos de los abogados del ex gobernador de Veracruz.
El rostro tenso de los fiscales fue el común denominador de la audiencia y el contraste con la postura y gestos relajados de un Javier Duarte cuya apariencia, por cierto, sigue siendo casi idéntica a la de aquellas imágenes de su detención en Guatemala en 2017.
Misma barba, mismo rostro redondo, mismos ojos saltones. Si acaso entradas más pronunciadas en la cabellera.
MILENIO tuvo acceso exclusivo a la grabación de la audiencia realizada en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, a la que no se permitió el acceso ni de público ni de periodistas.
El video revela la secuencia de los hechos y muestra como la audiencia, que originalmente era para revisar la validez de una prueba y las medidas cautelares, se transformó en una sesión de absolución.
Tortura no probada, pero prueba anulada
A las 12:25 horas del 14 de noviembre el juez Hernández Carmona dio inicio a la audiencia. En la compacta sala del penal de Pacho Viejo estaban presentes el juez, tres agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Veracruz, la abogada pública representante de las víctimas, y dos defensores privados de Duarte.
Las sillas destinadas para las víctimas, audiencia y periodistas… vacías.
Conectado vía remota desde el reclusorio Norte de la Ciudad de México, la imagen mostraba a dos personas sentadas. Una era Javier Duarte vistiendo una chamarra de color caqui, y la otra uno de sus abogados, Diego Ulises, con camisa a rayas azul y blanca.
El juez fue al grano. Tras retomar argumentos vertidos en una sesión previa y dar una explicación de 20 minutos el juez concluyó que la declaración del ex secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, ofrecida como una de las principales pruebas en contra de Duarte, era inválida.
Se trataba de una declaración rendida en mayo de 2018 en la que Bermúdez aseguraba haber presenciado como Duarte ordenó al entonces fiscal general, Luis Ángel Bravo, ocultar el hallazgo de cuerpos en una fosa clandestina del predio de la Aurora. Era una prueba vital para el caso.
El juez descalificó el testimonio bajo el argumento de que fue obtenido con una presunta “tortura”. Para concluir eso dio por buena una entrevista que los abogados de Duarte le hicieron a Bermúdez en enero de 2019 donde este dijo que los fiscales lo intimidaron advirtiéndole que tenían casos en su contra y que era mejor que testificara en contra del que había sido su jefe.
El juez también dio por buenos dictámenes periciales encargados por los abogados de Bermúdez en los que se sostenía que el ex funcionario presentaba alteraciones emocionales y psíquicas que son resultados de presuntos malos tratos.
En contraste, el juez descartó sin más el hecho de que existiera una investigación oficial de la misma Fiscalía General del Estado que concluía que no existió esa tortura, pues, dijo, no establa clara la fecha en que se determinó dicha resolución. La cámara mostraba a un Duarte sonriente y en plática animosa con su abogado.
Los fiscales Denisse Moreno Córdova, Pablo Mendizabal Bernal y Luis Antonio Domínguez Diaz pidieron un receso para intentar rescatar dicho testimonio a través de algún recurso.
De regreso a la sala, a las 12:53 horas, le pidieron al juez “revocar” dicha determinación pues, le advirtieron, era ilegal y violatoria del debido proceso dado que la presunta tortura – al menos jurídicamente – no estaba probada.
Le recordaron que, de acuerdo con una jurisprudencia de la Corte para declarar como inválida una prueba por tortura, esta última tiene que estar ratificada, algo que no ocurrió en el caso.
De hechos, los fiscales insistieron en que el hecho de que se le haya dicho a Bermúdez que se tenían carpetas en su contra no es equiparable a aun mal trato equivalente a una tortura.
“El único argumento que la defensa vertió de Arturo Bermúdez Zurita es que le dijeron que se judicializarían carpetas, argumento que a criterio de la representación social y a criterio de cualquier ente debe de ser considerado como NO un acto de tortura".
"Por lo cual el órgano jurisdiccional tampoco valoró todos los argumentos vertidos por la asesoría jurídica a pesar de que refirió argumentos varios que ni siquiera la defensa controvirtió en la réplica”, dijo uno de los fiscales.
Otra de las agentes del Ministerio Público recordó que se entregaron oficios de la Fiscalía General del Estado en donde se concluye de forma clara que no se acreditó la existencia de tortura en agravio de Bermúdez.
La abogada pública de las víctimas, Diana Gabriela Marín, también tomó la voz para pedirle al juez que rectificara su determinación y valorara que estaba poniendo en riesgo el acceso a la justicia de las victimas al anular una prueba clave por un señalamiento de presunta tortura que no se había probado.
En total los fiscales y la abogada de las víctimas se tomaron 16 minutos para exponer estas peticiones y razonamientos, pero el juez, en menos de un minuto y sin responder a ninguno de los argumentos vertidos por todos ellos, determinó que el recurso de revocación que buscaban era “improcedente” y lo desechó “de plano” tras asegurar que este solo era aplicable cuando no había existido un debate y razonamiento previo, lo que sí aconteció.
Absolución exprés
La audiencia del 14 de noviembre tenía otra finalidad además de decidir la legalidad de la declaración de Bermúdez. La Fiscalía había solicitado revisar las medidas cautelares impuestas a Javier Duarte y relacionadas con este proceso.
Pero la sesión dio un giro dramático cuando otro de los defensores de Duarte, Gerardo Hope Arteaga, tomó la palabra con una nueva solicitud: la cancelación inmediata de todo el proceso.
“Nos permitiremos solicitar a su señoría en términos de lo dispuesto por el artículo 327, fracción tercera, el sobreseimiento de la causa en tanto que se ha establecido de manera clara la inocencia de mi defendido, para ello su señoría, es importante que una vez que se ha determinado la nulidad del dato de prueba consistente en la entrevista de Arturo…”
Uno de los fiscales interrumpió al defensor para pedir al juez que antes de entrar a un estudio de esa naturaleza se debatiera sobre si era válido o no abordar en esa misma audiencia la cancelación del proceso.
La petición generó una sonrisa burlona en el otro defensor ubicado junto a Duarte en el Reclusorio, y un gesto de satisfacción en el ex gobernador.
El fiscal Pablo Mendizabal acusó que se le estaba pretendiendo dar una “rapidez inusual al procedimiento” con la solicitud de los defensores de abordar en ese mismo instante la cancelación en una audiencia que no estaba programada para eso.
Subrayó que se buscaba un carpetazo a un proceso e indagatoria de más de seis años sin que las victimas estuvieran presentes, y advirtió que, de acuerdo con los requisitos procedimentales, lo conducente era citar a una audiencia en un lapso de 24 horas.
Otro fiscal, Domínguez Díaz, dijo que con una “celeridad fuera de contexto” se intentaba convertir la anulación de una prueba en una sentencia absolutoria, cuando la determinación sobre esta anulación aun no estaba firme porque con toda seguridad sería impugnada a través de una apelación de la Fiscalía y de un amparo de las víctimas.
A esta petición se sumó la abogada pública de las víctimas quien le recalcó al juez que sus representados jamás fueron notificados que se abordaría un tema definitorio de esta naturaleza.
Mientras todos esos argumentos se vertían en Pacho Viejo, en otro recuadro de la grabación de la audiencia, a 390 kilómetros de distancia, Duarte y su abogado charlaban animosamente como si estuvieran tomando un café o participando en una entretenida junta de trabajo por videoconferencia.
Se acomodaban en el asiento, sonreían y señalaban la pantalla. Lejos quedó aquella mezcla de solemnidad e incomodidad con la que el ex gobernador se declaraba culpable de lavado de dinero siete años atrás, en otra sala de audiencias del Reclusorio Norte.
De vuelta en Veracruz, otro de los abogados de Duarte, Pablo Campuzano, pedía al juez desestimar la petición de sus contrapartes y priorizar los principios del sistema penal que piden agilizar los casos.
Dijo que en casos como este lo que estaba en juego era la libertad de una persona, y que la ausencia de las víctimas en la sesión no era motivo suficiente para que esta no se realizara pues había una defensora pública en su representación.
Incluso, anticipando una resolución favorable, el defensor acusó a los fiscales de intentar aplazar lo que, para ellos, es un hecho: la absolución de Javier Duarte.
“Aún y cuando reconozco la labor loable que ha llevado la Fiscalía a lo largo del proceso en estos dos años, esto sí es un intento desesperado de poder aplazar algo que es inaplazable”, aseguró tajante el litigante.
En respuesta, la fiscal Moreno Córdova sostuvo que los derechos de una de las partes no podían privilegiarse sobre las otras, y recordó que entre las víctimas indirectas del caso había un menor de edad cuyos derechos también estaban en juego y debían ser tutelados.
Transcurridos casi 35 minutos de este debate, el juez Hernández Carmona decretó un nuevo receso que se extendió hasta las 15:15 horas.
Al reiniciarse la audiencia, y como ya había sucedido antes, el juez de Veracruz resolvió en menos de dos minutos que sí era procedente analizar la cancelación del proceso contra Duarte en esa misma audiencia y que la presencia de una abogada pública era suficiente para no dejar indefensas a las víctimas.
Acto seguido, dio la palabra a los abogados del ex gobernador para justificar su petición.
Acto seguido el defensor del ex gobernador explicó que, con la eliminación de la declaración de Bermúdez, decretada momentos antes, se había extinguido el único elemento con el que contaba la fiscalía para ligar al ex gobernador con la presunta trama delictiva.
El defensor hizo un recorrido detallado de más de 20 tipos de evidencia presentados por los fiscales, para enfatizar que solo el testimonio de Bermúdez y otro previamente anulado en la audiencia inicial vinculaban a Duarte con el caso.
Campuzano hizo énfasis en que el caso presentado por la fiscalía consistía en que Duarte instruyó al fiscal a ocultar hallazgos de cuerpos en fosas clandestina, y que esa instrucción fue presenciada por Bermúdez. Al quedar anulado ese testimonio se cortaba el hilo que unía a su cliente con toda la trama.
“Ya se presentó la acusación y no hay mención del nombre de Javier Duarte de Ochoa en toda la carpeta. El único presente en ese lugar era Bermúdez (…) No existe ninguna mención del nombre en la carpeta de Javier Duarte. Ni lo habrá porque el propio caso de la defensa se limita a la instrucción ya dada”, sentenció el defensor.
Sin embargo, los fiscales respondieron que contaban con la declaración de otra ex funcionaria de servicios periciales de Veracruz, Eva Tamayo, que estaba dispuesta a declarar en juicio sobre la acción deliberada de ocultar el hallazgo de cuerpos y manipular la evidencia.
Y que, si bien es cierto que no menciona literalmente el nombre de Duarte en su testimonio rendido en la fase de investigación, el tema debía ser valorado en la fase de juicio donde además habría la oportunidad de hacer interrogatorio y contra interrogatorio.
Otro de los fiscales retomó la palabra para enfatizar este punto y pedirle al juez Hernández que no asumiera en una misma audiencia, convocada para otra cosa, el rol de tribunal de enjuiciamiento.
Le hicieron énfasis en que esa era una decisión que debía corresponder a un tribunal de enjuiciamiento previo desahogo de todas las pruebas presentadas.
“Por ello, ciudadano juez muy atente y respetuosamente y a fin de tutelar el debido proceso es que se solicita, no asuma la competencia de un Órgano Jurisdiccional del juicio y emitan sobreseimiento, puesto que no ha valorado este Órgano Jurisdiccional la entrevista de Eva Tamayo con la cual esta Representación Social pretende sustentar la participación de Javier Duarte de Ochoa una vez que este Órgano Jurisdiccional dio dictó la nulidad del medio de prueba o del dato de prueba de Arturo Bermúdez” señaló el fiscal Domínguez Díaz.
El debate avanzó con los defensores insistiendo en que no había pruebas que ligaran ni por mera mención a Duarte en el caso, y los fiscales y abogada de las víctimas solicitando que todo eso debía valorarse en un juicio.
Mientras tanto el ex gobernador y su otro abogado seguían en el dialogo, las sonrisas, y los estiramientos en la silla. Por momentos, incluso, uno u otro salían del cuadro de la cámara que los grabara.
Transcurrida una hora de intercambios el juez dio por concluido el debate. Acto seguido, sin otro receso de por medio, anunció que tenía una determinación y en seis minutos de intervención dio la razón, una vez más, a la defensa, y resolvió que el caso NO debía avanzar a juicio pues los elementos para ello eran insuficientes.
“No advierto precisamente en que se hubiese mencionado el nombre de Javier Duarte de Ochoa en una intervención directa para cometer precisamente el hecho por el cual se le imputa".
"En esas condiciones, este Órgano Jurisdiccional decreta el sobreseimiento solicitado y deberá girarse la boleta de inmediata libertad por los conductos de estilo, al lugar en que se encuentre privado de su libertad” anunció el juez.
En el cuarto del Reclusorio Norte, Duarte giró la cabeza para ver a su abogado, deslizó lo que pareció ser un gesto de aprobación, y luego miró hacia el techo. Su abogado se recargó en la silla y relajó de nuevo la postura. En Veracruz, el juez dio por cerrado el caso.
Fueron, exactamente, 129 minutos de audiencia efectiva que pusieron fin a un proceso penal de seis años. Ello sin que, hoy en día, haya sido esclarecido la desaparición forzada de David Lara Cruz, la víctima de este caso, o la de los otros cientos que desaparecieron en el periodo de gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
MO