Integrantes de la Asociación Ecológica de Verificación presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación a sus garantías individuales, luego de que el gobierno de la Ciudad de México anunciara la suspensión de las verificaciones vehiculares por un periodo de seis meses.
Durante una conferencia de prensa, el presidente de la asociación, Gustavo Torres Anzures, señaló que la medida afectó a por lo menos 20 de los 74 verificentros que se encuentran en la capital del país y dejó sin empleo a alrededor de 2 mil 500 trabajadores.
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"Las actitudes en el procedimiento y otorgamiento de las nuevas concesiones deja mucho que decir porque no ha sido transparente, han sacrificado el empleo de más de 2 mil 500 trabajadores y las necesidades de sus familias y además han hecho perder más de 20 millones de pesos en inversión a los accionistas de cada verificentro, es el daño patrimonial que nos ocasionan", planteó.
El representante calificó como inaceptable que se viole el derecho humano de vivir en un ambiente sano, al señalar que fue en un periodo donde "se presenta mayor contaminación y contingencias ambientales".
Además, acusó al gobierno capitalino de no permitirles renovar sus concesiones a tiempo y despojar a los empresarios de sus propiedades sin un procedimiento previo.
"No se nos dio el derecho de audiencia, no se nos dieron los requisitos para revalidar, no sé nos dijo cuál era la nueva tecnología que debíamos implementar, a nosotros se nos notificó apenas el 18 de diciembre que nuestra concesión terminaba el 31 del mismo mes", aseveró.
Destacó que la comisión continuará acercándose a las instancias involucradas y realizarán movilizaciones dentro de los siguientes días "sin afectar las vialidades porque nosotros trabajamos a favor de los automovilistas y no queremos generar caos y más contaminación.
EB