Confusión e inconformidad, en pueblos de Yucatán por amparos contra nacimientos

Las demandas de amparo sobre los nacimientos fueron respaldadas por la organización Kanan Derechos Humanos.

(Ilustración: Margarita Salmoran)
Rafael Montes
Mérida, Yucatán /

“Si ustedes miran el feis, muchísima gente opina que no por una persona se va a acabar esa tradición del pueblo”, dice, enojada, la señora Rubí Cruz, en la puerta de su casa, en el municipio de Mocochá, a menos de una hora de la capital yucateca, Mérida.

Son los primeros días de diciembre y en el centro del pueblo no hay ni un solo adorno navideño. En uno de sus jardines, apenas colocaron el esqueleto metálico, de casi tres metros de alto, de lo que promete ser un pino, pero la gente sigue esperando el tradicional nacimiento.

“El de hace un año estaba bien bonito, estaba muy grande, tan grande que los animales parecían de verdad, el elefante, el caballo, los borregos… Estaba bien bonito”, recuerda la señora Gema Sunza, sentada en una de las bancas junto a la iglesia del pueblo.

El temor entre los habitantes de esta localidad es que esta vez no haya nacimiento. Y eso, para ellos, sería muy grave.

“Es que no lo puedes evitar, es una tradición de años, años, años y no es la primera vez que se ponía debajo del palacio, ha habido otra ocasión y nadie dijo nada”, insiste, molesta, la señora Rubí.

En los últimos días, los nacimientos en las plazas públicas de Mocochá, Chololá y Mérida están en el ‘ojo del huracán’ por tres amparos promovidos por habitantes de esos pueblos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendientes por resolver.

Lo que se planteó como una exigencia de respeto al Estado laico y al buen ejercicio de los recursos públicos, se ha convertido en una ola de inconformidad entre muchos habitantes yucatecos, debido a la confusión que el tema ha ocasionado, pues se llegó a pensar, incluso, que se buscaba prohibir la celebración de la Navidad.


Del Estado laico al enojo

Todo empezó en diciembre de 2020, cuando, tres ciudadanos de esos municipios promovieron amparos para evitar que sus gobiernos municipales gastaran recursos del erario en instalar “nacimientos de Cristo” en espacios públicos y edificios gubernamentales, pues argumentaron que, además de violar el Estado laico, esas acciones no respetan la pluralidad religiosa.

No todas las religiones en México veneran ese tipo de símbolos o prácticas, justificaron.

Las demandas de amparo fueron respaldadas por la organización Kanan Derechos Humanos.

En ese entonces, uno de los jueces ante los que se promovieron los juicios sobreseyó las demandas, pues cuando entraron a su análisis, los nacimientos ya se habían retirado de los espacios públicos de Mérida y Chocholá, mientras que en el caso de Mocochá, el juez sobreseyó el caso porque el quejoso supuestamente no residía en ese municipio.

Pero Kanan Derechos Humanos apeló esas decisiones y el caso de los tres amparos escaló tanto que llegó a los escritorios de los ministros Norma Lucía Piña, Juan Luis Alcantará Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de la Primera Sala de la SCJN, quienes deben dictar sentencia.

“Se trata de casos inéditos para el país en cuanto a los alcances del Estado laico y las libertades religiosas”, asegura Miguel Anguas, abogado de Kanan Derechos Humanos.

El proyecto de Alcantará Carrancá prevé darles la razón a los quejosos, lo cual servirá de precedente para ampararse en todo el país contra el uso de dinero público para instalar nacimientos católicos.

Sin embargo, la información distorsionada que se ha difundido sobre el caso, sensible por sí mismo por tratarse de religión, ha ocasionado confusión e inconformidades entre los habitantes de esos pueblos.

No quiere decir que al ponerlo tú, estés obligando a otra persona, de otra religión; acá somos tres religiones que hay: los Testigos de Jehová, los Soldados de la Cruz y los católicos”, reclama la señora Neydi Pérez, de Mocochá, en donde muchas casas han colocado lonas en sus puertas con la leyenda “El nacimiento de Jesús es la razón de celebrar la Navidad”.

Edgar José Chi explica que “estamos hablando de tradiciones del pueblo y no solamente de este pueblo; estamos hablando de tradiciones de todo el país, es un país mayormente católico y esto se ha venido dando desde hace muchísimo tiempo, son tradiciones, es parte de nuestra cultura”.

Por ello, dice, esas lonas buscan que el mensaje “llegue a oídos de la Suprema Corte, de que, pues, creo que no es conveniente; hay cosas más importantes sobre qué legislar o sobre qué decidir; más que legislar, juzgar, que este tipo de cosas”.

Todo parece indicar que la argumentación del buen uso de los recursos públicos y la obligación de laicidad del Estado no ha permeado entre la mayoría de la gente.

Ante ello, Kanan Derechos Humanos tuvo que salir a aclarar: “No se va a prohibir la celebración de la Navidad ni mucho menos se va a prohibir a la población la colocación de nacimientos de Jesucristo, tampoco se busca prohibir ninguna religión o culto, las personas en el plano particular y familiar tienen todo el derecho a venerar lo que sus creencias o religión le indiquen”.

Sin embargo, sí hay quienes lo entienden. Como el señor René López, de Mérida.

“Yo creo que el dinero público debe utilizarse para cosas públicas. Hay muchas cosas que se necesitan hacer en esta ciudad y sería bueno emplear el dinero en eso. Yo estoy de acuerdo en que cada quien ponga su nacimiento sí, con sus propios recursos. Yo lo pago, yo lo hago. Si me pudieran cooperar para poner uno público, cooperaría, no estoy en contra de los nacimientos, pero pienso que este dinero debe utilizarse para cosas públicas”, afirma.

Con él coincide el señor Pedro Reyes, de Chololá: “no es que se impida poner los nacimientos, sino que el dinero que se destine al ayuntamiento que sea para eso, para el bienestar del ayuntamiento y no sea invertido en cosas de religión”.

Pero mientras el tema se resuelve en la SCJN, los ayuntamientos han decidido seguir poniendo sus nacimientos oficiales: el de Mérida, de tamaño real, incluso con el logo del gobierno municipal encabezado por Renán Barrera, y el de Chololá, más pequeño, sin logo, pero sí a cargo del gobierno de Obet Martín, que usa un almacén oficial para resguardarlo.

agg

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