En en el estado de Oaxaca, la presidenta de la Comisión de Administración de Justicia de la Legislatura Local exigió el cese de dos jueces que liberaron a dos implicados en la masacre de comuneros en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón.
La legisladora dijo que por presunta corrupción, los jueces del Tribunal Superior de Justicia permitieron la libertad de los implicados.
Mencionó que a 7 años del asesinato de Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada, y otras cuatro víctimas por el conflicto registrado en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la región de la Cañada las víctimas directas e indirectas, denuncian la negación de su derecho a la justicia, pronta y expedita por parte de los jueces responsables del caso.
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La legisladora Elisa Zepeda Lagunas, quien es víctima de tentativa de homicidio y diversas agresiones, durante el conflicto registrado el 14 de diciembre de 2014, a lo largo de la Asamblea General Comunitaria, en la que se renovaría la autoridad de dicha población, refirió que los responsables de la impartición de justicia actúan con sesgo, tras corromperse.
Denunció que no ha existido un debido proceso para las personas afectadas, ni se han garantizado las medidas de protección y ayuda para las víctimas directas e indirectas, quienes aún son objeto de agresiones e intimidaciones. Además, la actuación de los tribunales se ha sesgado por la presión mediática a la que han recurrido los agresores, quienes pretenden evadir sus responsabilidades, con la bandera de luchadores sociales y presos políticos.
“Se pretende descolocar las muertes, las agresiones, y los daños, se han hecho oídos sordos a las exigencias de justicia de cada una de las víctimas, hasta este momento no existe garantía de no repetición”, declaró Zepeda Lagunas.
Asimismo, reveló una serie de negligencias e irregularidades en el caso, entre ellas: la mala actuación del juez mixto de primera instancia, quien sin sustancia jurídica y violando el debido proceso, tras una reposición procesal y horas antes de irse de vacaciones, ordenó la liberación de Miguel P.B, en 2019.
De igual manera, la legisladora manifestó que el mismo juez, sin sustento jurídico alguno, puso en libertad a Omar Hugo M.A, Herminio M.A, Fernando G.M, Jaime B.F, Alfredo Bolaños P. y Wilfrido S.H, pese a que estas personas fueron detenidas con el cuerpo sin vida de Manuel Zepeda Lagunas en la batea de la camioneta, usada como patrulla municipal en la que era trasladado en diciembre del 2014.
Las víctimas refieren que la liberación de los agresores abona a la impunidad, por los crímenes del 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón, prueba de ellos es que tras los recientes actos mediáticos emprendidos por la familia de los agresores, que también son familiares directos de Elisa Zepeda Lagunas, el pasado 15 de junio del 2021, el II Tribunal Colegiado en materia penal, se declaró incompetente para resolver el recurso de revisión que estos últimos promovieron ya que el juzgado les había negado el amparo.
La diputada Elisa Zepeda Lagunas indicó que esta situación es preocupante para las víctimas, porque se advierte la influencia de campañas mediáticas de los agresores en la decisión de los máximos órganos jurisdiccionales de nuestro sistema de justicia.
Por otro lado el presidente de Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez, anunció que se inició una investigación por el caso Santo Domingo Ixcatlán, donde el Registro Civil, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria declararon muertos a mil 13 comuneros que en realidad están vivos, para poder despojarlos de sus tierras.
El defensor solicitó información a las autoridades señaladas como responsables de declarar como fallecidos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así pues, indicó que analizará la posible comisión de violaciones a derechos humanos en las que, probablemente incurrieron servidores públicos de las instituciones responsables, relacionadas con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que aún se encuentran vivas, hecho que tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes.
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También, Rodríguez Alamilla advirtió que es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que en Oaxaca el 76 por ciento del territorio es propiedad social( comprendiendo siete mil 200 millones de hectáreas), lo que implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades u otras distintas.
El titular de la DDHO manifestó su especial preocupación respecto a la obligación que las autoridades tienen de proteger el derecho a la personalidad jurídica de las personas en la entidad, pues en un estado de derecho, esta prerrogativa se convierte en base para el ejercicio de otros derechos.
En tanto el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), así como el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y sancione a los funcionarios implicados en la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
Además acusó al ex delegado Federal Agrario, Francisco Javier Cañada Melecio; al jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca, Daniel Víctor Merlín Tolentino, y a Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral, integrantes del RAN.
DA