El Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria una reforma a la Constitución local para cambiar por completo la forma en que se elige al fiscal general de San Luis Potosí.
Hasta ahora, para ser fiscal eran los mismos requisitos que para ser magistrado del Supremo Tribunal, pero como se reformó el Poder Judicial y los jueces ahora se eligen por voto popular, esa regla ya no tenía sentido y podía generar confusión legal, argumentaron los legisladores.
Con la nueva redacción del artículo 122 Bis, la Fiscalía tendrá sus propios requisitos. El cargo durará siete años sin posibilidad de reelección y, quien aspire a oocuparlo, deberá ser mexicano por nacimiento, tener al menos 35 años, ser licenciado en Derecho con cédula de al menos cinco años de antigüedad, haber vivido en el estado los dos años anteriores y comprobar cinco años de experiencia en procuración de justicia, litigio, docencia, investigación o servicio público.
Además, la reforma pone candados. No podrá llegar al cargo quien tenga sentencia firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos sexuales, quien esté en el padrón de deudores alimentarios morosos, quien haya sido sancionado por faltas graves o esté inhabilitado ni quien haya sido gobernador, diputado local o alcalde en el último año, o dirigente partidista en los últimos tres años.
Antes de la reforma judicial, los requisitos eran ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino, tener título de licenciado en Derecho con mínimo 10 años de antigüedad y comprobar 10 años de ejercicio profesional, no haber sido condenado a más de un año de prisión, haber residido en San Luis Potosí los dos años anteriores al nombramiento y no haber ocupado puestos de secretario de despacho, fiscal general, diputado local o presidente municipal en el año inmediato anterior.
Activistas protestan ante cambios
Activistas que protestaron durante la sesión del Congreso, afirman que la reforma presentada por la diputada del Partido Verde, Leticia Vázquez, fue diseñada para una eventual postulación como fiscal del diputado Héctor Serrano.
Acusaron que el requisito de ser de origen potosino fue ampliado “a ser ciudadano mexicano, es decir, cualquier persona mientras sea mexicana puede ser fiscal del estado de San Luis Potosí”, dijo la activista Xóchitl Tolentino, integrante del colectivo Voces por la Dignidad.
En cuanto a la formación profesional, lo único que piden ahora es que tenga un título de licenciatura en Derecho; la experiencia de 10 años se suprimió y ahora solo se exigirán cinco años.
“Esto nos pone en alarma, porque creemos que es una reforma hecha a modo para imponer en un futuro al diputado Héctor Serrano, que él es oriundo de la Ciudad de México y que, por los requisitos constitucionales, no pudiese ser fiscal, pero ahora le dejan el campo abierto”, dijo Tolentino.
El decreto incluye un transitorio que protege a la actual fiscal, María Manuela García Cázares, estableciendo que continuará en su encargo bajo las condiciones de su nombramiento original y que las nuevas reglas no le aplican de manera retroactiva, ya que ella fue electa solo 10 días después de renunciar al cargo de magistrada numeraria y presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura.
El nuevo requisito establece que no pueden ser fiscales quienes hayan ocupado puestos de este tipo un año anterior a la designación.
Las activistas afirman que el diputado Héctor Serrano, para el año 2031, cuando concluya la actual fiscal, no tendrá el impedimento de haber sido legislador, porque su cargo en el Congreso del Estado concluye en el 2027.
EHR