Declara la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad la reclamación de los legisladores del partido de Morena de la XV Legislatura al Congreso del Estado deBaja California Sur.
El recurso de reclamación interpuesto por los diputados de Morena y PT del Congreso de Baja California Sur, con el número 72/2020-CA, en el solicitaban la revocación del acuerdo emitido por el ministro Alberto Pérez Dayán el 8 de julio de 2020, en el que ordena la suspensión del juicio político 03/2020 iniciado en contra del Secretario, Subsecretario y Director de Política y Control Presupuestal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del Estado.
Asimismo, también se suspendía todos los actos celebrados en la sesión pública virtual de fecha lunes 29 de junio de 2020 en la que se reformó una ley inexistente denominada, Ley Orgánica del Poder Legislativo de BCS, que tenía como propósito agilizar el procedimiento de los juicios políticos en contra de ocho diputados locales del PAN, PES, PRI, PRD y Humanista.
Cabe recordar, que en su momento, la presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Período del Segundo año, Daniela Rubio Avilés y el oficial mayor del Congreso del Estado, Luis Martín Aguilar Flores, a quienes la Suprema Corte de Justicia les reconoce esa personalidad, fueron llamados como parte en este expediente y en su oportunidad, hicieron manifestaciones para que dicha reclamación se declarara infundada.
Con esta resolución, se confirma el acuerdo por el que se suspenden esos actos legislativos hasta la emisión de la sentencia de fondo de la Controversia Constitucional 84/2020, misma que puede dictarse el próximo año 2021 y al mismo se confirma que la única ley que reconoce la SCJN es la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur, incluidas las reformas contenidas en el Decreto 2626 en las que se reconoce que los diputados no pueden ser removidos de sus Comisiones sino por virtud de renuncia al cargo, además de reconocer a las Fracciones del PAN y PES entre otras disposiciones.
Cabe recordar que con el juicio político 03/2020 contra funcionarios estatales, los diputados de Morena y PT, buscaba presionar el Poder Ejecutivo del Estado, para que les depositara recursos económicos a las cuentas que de manera ilegal aperturaron en institución bancaria diversa a las que ha utilizado el Congreso del Estado en las últimas décadas, las cuales pretendían que fueran manejadas por un encargado de Finanzas que no tiene nombramiento legal para desempeñar el cargo.
La demanda del juicio político 03/2020 que dejó en suspenso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la interpuso Julián Galindo Hernández, quien de manera ilegal se ostenta como Auditor Superior de Estado.
Por la urgencia de enjuiciar políticamente a ocho diputados de las minorías legislativas, los diputados de Morena y PT pretendieron darle vigencia a reformas de una ley que nunca ha existido jurídicamente, denominada Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California Sur, misma que por dictados de la SCJN se ordenó su no publicación en el incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 84/2020 el 29 de mayo de 2020.
Por ello, al pretender darle vigencia a un decreto antes de su publicación, contravino la división de poderes, debido a que al Poder Ejecutivo le corresponde la publicación de los decretos que le envíe el legislativo a fin de darle publicidad y obligatoriedad hacia los gobernados y frente a los demás órganos del estado.
RLO