La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron una serie de operativos conjuntos en la ciudad fronteriza de Mexicali, Baja California, a principios de septiembre, para combatir la venta de hidrocarburo robado, también conocido como gaschicoleo.
Este esfuerzo, apoyado por la Guardia Nacional, resultó en la incautación de cinco gaseras que operaban de manera ilegal.
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Las autoridades llegaron de sorpresa a los establecimientos ubicados en diversas colonias para solicitar documentos que ampararan la recepción de quien distribuía o entregaba el combustible, lo cual los llevó a descubrir que no tenían los requerimientos necesarios en dichos comercios, conocidos como ‘gaseritas’.
Este tipo de negocios son comunes en dicha ciudad norteña, así como en todo Baja California, ya que en ocasiones la gente rellena minas de gas de 15 kilos y no tanques de 45 kilos, como en otras partes del país.
Las investigaciones de las autoridades señalaron la existencia de una red dedicada a la distribución de gas LP robado a través de empresas fachada, que operan bajo nombres comerciales como Gómez Gas y Xolo Gas.
Estas compañías, según vecinos, suelen ser clausuradas, pero reabren con frecuencia.
“Es la segunda o tercera vez que las clausuran. Ya no llama la atención”, comentó Fernando, un cliente habitual de la zona.
Alrededor de 50 gaseras similares operan en Mexicali, ofrecen el combustible a precios considerablemente más bajos que los del mercado, lo que levanta sospechas sobre su origen.
“No hace mucho, apenas hará como un año yo creo, por ahí más o menos”, afirmó Carmelo Benítez, un vendedor local, al referirse a la proliferación de estas gaseras.
Estas empresas no cuentan con requisitos legales básicos a la vista, como un RFC o domicilio fiscal visible, lo que complica la tarea de rastrearlas. Gómez Gas, por ejemplo, solo tiene presencia en una red social, donde ofrece un número de teléfono celular y un correo electrónico genérico como medios de contacto.
La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, mencionó que la autoridad local está al tanto del problema desde hace dos años, pero su principal competencia es asegurar que estas gaseras no pongan en riesgo a la población.
“Obligamos a muchos gaseros, de esos pequeños que usted menciona, a que se regularizaran. No fue nada sencillo, ni fácil. Algunos no quisieron, pero una gran mayoría sí”, declaró la alcaldesa.
El destino del gas robado sigue siendo incierto. Las autoridades aún investigan si el delito está vinculado al crimen organizado o si alguna empresa formal está involucrada en su distribución.
“¿Oye, sabías que vendían combustible robado? No, pues la verdad no sabía yo. Pues negocio es negocio, ¿verdad? Pero si se tiene que hacer, lo que se tenga que hacer, ahí con la ley, ya sabes”, expresó Damián, un lavacoches que vive a un costado de una de las gaseritas clausuradas a la que FGR colocó un sello que advierte la venta ilícita de hidrocarburo.
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