La defensa jurídica del principal implicado en el ataque con ácido contra la saxofonista Elena Ríos cuestionó la determinación del Tribunal Superior de Justicia de mantener en prisión a Juan Antonio Vera Carrizal, quien había logrado demostrar su inocencia en el caso, según la resolución emitida por un juez local, que consideraron justa.
"Si el juez exoneró a Juan Vera del ataque de ácido en contra de Elena Ríos fue porque la policía y la Fiscalía de Oaxaca no hicieron bien su trabajo, no supieron argumentar sus pruebas y evidencias por incapacidad de sus ministerios públicos", acusaron.
Incluso, revelaron que la Fiscalía nunca logró, mediante peritajes, demostrar qué tipo de sustancia se arrojó a la víctima. Aseguran que no existe ningún dictamen forense certero por parte de los peritos.
Los abogados Ernesto Pacheco Castellanos y Edgar López García lamentaron que, por una decisión política, se revirtió el caso, donde ya se había obtenido la absolución del también empresario gasolinero y ex diputado local.
Adelantaron que seguirán el proceso, sea cual sea el resultado, pero buscarán que haya justicia real y no mediática ni política. Según ellos, lo ocurrido con la apelación "fast track" que instruyó el Consejo de la Judicatura para anular todo y reiniciar el juicio fue solo para proteger la investidura de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia a costa de "sacrificar inocentes".
"Quisieron quedar bien con la opinión pública a costa de violentar la ley y vulnerar a la sociedad".
Acusan interés económico de por medio
Los abogados afirmaron que detrás de la justicia que reclama la víctima, María Elena Ríos, hay un interés económico, ya que exige como reparación del daño 85 millones de pesos, basándose en los argumentos presentados en sus alegatos ante el juzgado.
Los defensores anunciaron que buscarán el apoyo de más litigantes para el caso, e incluso advirtieron que ya trabajan en la defensa de Juan Vera Carrizal con el respaldo de cuatro barras de abogados que consideran a Vera Carrizal no como un victimario, sino como un preso y perseguido político.
Tanto la defensa como la víctima exigieron a la Fiscalía de Oaxaca que se les ofrezcan medidas cautelares y de protección, revelando que también han recibido amenazas de muerte.
"Hemos sido acosados, tenemos los celulares intervenidos, y además nos gritan en las calles las colectivas", señalaron.
Anunciaron que, para lograr la liberación de Juan Vera Carrizal, buscarán protestar en las calles y en las instituciones hasta alcanzar su libertad.
Ríos vs Vera
Elena Ríos también denunció públicamente la corrupción y la falta de imparcialidad en el proceso judicial que enfrenta.
En una entrevista con Héctor Zamarrón y Cecilia Salamanca, Ríos afirmó que Vera Carrizal utilizó su poder económico y político para manipular el proceso y conseguir jueces a su favor.
"Debe existir congruencia entre lo que se dice y se ejerce", haciendo referencia a la postura del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
Esta denuncia se alinea con su exigencia de la remoción del juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien en una resolución previa había permitido la posible liberación del acusado.
Ríos destacó la gravedad de la situación, mencionando que la falta de acción por parte de las autoridades judiciales envía un mensaje peligroso a las mujeres de Oaxaca.
Abogada de Ríos ve posibilidad de justicia
Cinthya Almazán, abogada de María Elena Ríos, expresó su satisfacción con la última decisión judicial, destacando que, por primera vez en mucho tiempo, se vislumbra la posibilidad de que se emita una sentencia justa.
"La verdad es que la determinación de anoche nos llena de esperanza de que esta ocasión este juicio realmente se emita una sentencia".
La abogada destacó que la Fiscalía de Oaxaca trabajó para presentar todas las pruebas necesarias que acrediten la culpabilidad de los imputados, y espera que esta vez el juicio sea conducido de manera imparcial.
"Siempre fue la intención de la Fiscalía de Oaxaca que se lleve un juicio donde se acredite la responsabilidad de los agresores de María Elena, nunca hemos querido que se emite una distancia que no sea acorde a lo código penal, sino que se aplique la ley en aras de obtener una sentencia".
MO