María Elena Adela Alonso Martínez, denuncia incumplimiento y fraude en contra de María del Rosario Castro Lozano y de Pascual Moreno Méndez, a quienes asegura, contrató para que la representaran legalmente, luego de haber sufrido un accidente a bordo de un camión de la línea Onmibus.
Dio a conocer que en el 2014 se registró el accidente carretero a la altura del municipio de Cuencamé en la carretera a Juan Aldama, Zacatecas, resultando con graves lesiones, por lo que solicitó el servicio de los abogados, quienes al incorporarse al gobierno del Estado dejaron su caso si darle explicación.
Afuera de la Presidencia Municipal de Lerdo, la quejosa acompañada de su madre, quien dijo ser originaria de Gómez Palacio, manifestó que el accidente se registró cuando el autobús de pasajeros de la línea Ómnibus chocó contra un tráiler.
“Resulté con ocho fracturas, me quebré la cadera, en el tobillo tuve dos fracturas, en la muñeca dos fracturas, en la pierna derecha tibia y peroné y en el sacro, derivado de esto estuve siete meses en cama”
Aseguró que en tiempo y forma contrató a Castro Lozano y a Moreno Méndez para que fueran sus representantes y dar seguimiento a la demanda penal y civil, costeando los peritaje privados que le fueron solicitados, entre ellos el contable, médico, psicológico y de tránsito, además del pago de viáticos y honorarios por más de cien mil pesos.
Señaló que durante un año mantuvo comunicación vía correo electrónico con los dos abogados, quienes le informaron que seguían trabajando en el caso, sin embargo al incorporarse al gobierno ya sólo le informaron a través de un correo que como funcionarios iban a apoyarla.
Explicó que la demanda era la reparación del daño ante la empresa Omnibus de México, sin embargo, aseguró que no se hizo.
“Ellos iban a iniciar demanda penal y civil y no lo hicieron, yo les pagué y tengo documentos firmados del contrato que hicimos sobre ese servicio y nunca metieron demanda penal y civil”.
Señaló que inicialmente existió una averiguación previa en el municipio de Cuencamé y actualmente el caso está en Torreón en el Juzgado Tercero de Distrito de la Laguna con el Juez José Rosales Silva con el expediente 3/2018, ya que ante la omisión puso la demanda en enero del año pasado.
"Lamentablemente", dijo, la empresa ha manifestado que como afectada no mostró interés resolver su situación, alegando que ya prescribió.
Por su parte, el gobierno del Estado de Durango, a través del área de comunicación social, informó que la acusación es infundada, debido a que la ahora funcionaria pública, Rosario Castro, el caso se cerró y a la quejosa se le pagó una indemnización por parte de la empresa.