Trabajadores despedidos de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitaron al Congreso local que inicie de un juicio político en contra de la titular de dicho órgano autónomo, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, particularmente por el despido injustificado de al menos 800 personas.
La jornada del miércoles, un grupo de trabajadores despedidos llegaron hasta las instalaciones del Congreso local, para solicitar a los diputados que revisen el desempeño que la Teniente Coronel ha tenido al frente del órgano encargado de perseguir los delitos.
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Señalaron que salvo el hecho de que la institución se haya militarizado, hasta el momento no se conocen resultados importantes en el desempeño de la actual titular.
En virtud de que dicho nombramiento recae en el Congreso local, señalaron que es facultad y obligación de los diputados revisar cuales son los resultados que se aportan, a dos años de rendir protesta ante el pleno.
Ex empleados buscan que fiscal comparezca
Marco Antonio Maya Valle, uno de los despedidos, formó parte de la comisión que ingresó al Congreso para solicitar el juicio en contra de la funcionaria.
"La ley establece que la violación a los derechos humanos es una causa para que se pueda promover un juicio político o de procedencia, porque ella fue electa por el Congreso local", dijo el abogado.
Agregó que los ex trabajadores también plantean que los diputados llamen a comparecer a la fiscal para que aclare como se ha manejado desde que asumió dicha posición.
"Ella no respeta los poderes, ni respeta al Legislativo ni al Judicial, ni a la titular del Poder Ejecutivo, actúa completamente de manera unilateral”.
Aseguró también que hay por lo menos 800 trabajadores despedidos de manera injustificada en las ocho regiones, afectando a profesionistas que son agentes del Ministerio Público (MP), peritos, coordinadores, agentes de la Policía Ministerial, fiscales especializados y fiscales regionales, todos ellos fueron reemplazados por militares.
Lo delicado, es que el personal militar que llegó no tiene trayectoria, ni vocación, ni siquiera estudios en derecho penal, ni preparación para realizar las funciones que les encomiendan, por lo que en estos momentos prevalece un descontrol en la institución.
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HCM