La resolución de la Suprema Corte de despenalizar el aborto en Coahuila, mantiene a la expectativa hospitales como el General de Torreón, donde sus autoridades aún desconocen las implicaciones que tendrá a ciencia cierta.
“No tenemos información al respecto y todavía no analizamos el tema en algunos de los comités. Vamos a esperar para saber cuál va ser la política y que tiene que estar apegada a derecho sin duda”, dijo José Luis Cortés Vargas, director del centro médico.
Indicó que de momento bajo ciertas condicionantes de la ley está permitida la interrupción del embarazo e incluso se han dado casos en lo que va del 2021, aunque dijo desconocer la cifra exacta por ser reportes que dan seguimiento instancias externas a la Secretaría de Salud.
“Médicamente hay un momento en el que se puede realizar el legrado en una paciente embarazada con el menor riesgo posible para ella y definitivamente de acuerdo la ley y disposiciones vigentes de la atención a víctimas”.
“Tiene que ser a través de la fiscalía y las organizaciones encargadas de esto que en algún momento dado solicitan esto como parte de una petición de la parte afectada”, agregó.
Avanzan derechos de la mujer y su cuerpo
Cabe recordar que fue el pasado martes 7 de septiembre cuando el pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aprobó despenalizar en Coahuila la interrupción del embarazo en su etapa inicial. Esto deja sin efecto el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila que penalizaba el aborto en su etapa inicial y lo sancionaba de uno a tres años de prisión, sin importar los motivos.
La resolución fue celebrada por diversos grupos feministas de la entidad y el país, pues consideraron abre una puerta para derribar mitos y prejuicios que existen en torno a las decisiones que toma la mujer con relación a su cuerpo.
“Esto manda un mensaje a la sociedad en general de que ya no hay de otra y es un derecho del que tienen titularidad las mujeres”, dijo a MILENIO Adrian Romo, vocera de la agrupación.
Aunado a eso, otras feministas consultadas refirieron que si se logró eliminar la pena de uno a tres años en Coahuila, también fue debido al movimiento de diversas agrupaciones tanto en la calle como en los medios de comunicación. En ese sentido, también coincidió en que falta mucho para que se hagan válidas.
A pesar de eso, todavía hay grupos provida que está en desacuerdo con la resolución y anunciaron acciones para revertir la resolución al considerarla que atenta contra la familia como figura.
El gobierno de Coahuila, por su lado, emitió también una postura mediante un comunicado en el que expuso que cualquier resolución jurídica será acatada conforme sean los lineamientos correspondientes.
aarp