La ex directora de validación de actas y formatos del Registro Civil de Oaxaca, Karina García Sosa, fue cesada de sus funciones por presuntamente oponerse a los manejos indebidos y prácticas de corrupción cometidas en esa institución, tales como venta de folios y claves certificadas.
La ex funcionaria narró que cuando recabó las pruebas documentales de los supuestos saqueos financieros y los abusos de poder y corrupción que se cometen, fue agredida y desalojada por la fuerza, a pesar de que tenía a su favor medidas cautelares, dictadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
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Además, detalló que no se le dejó firmar su carta de separación del puesto ni tampoco se le dieron condiciones para realizar la entrega-recepción de su puesto.
Entre los actos indebidos que denunció la víctima, presuntamente se encuentra la retención el impuesto al IMSS que se hace cada empleado, el cobro excesivo de viáticos, además del pago de viáticos "fantasmas" y el pago a varias personas que cobran como oficiales del Registro Civil en las regiones, pero no ejercen su trabajo, que señaló como "aviadores'.
La ex funcionaria estatal recordó que hace cuatro años aceptó ingresar a trabajar en el gobierno de Oaxaca, invitada por el gobernador Salomón Jara, porque pensó que se terminaría con la supuesta corrupción.
Sin embargo, considera que se equivocó porque el actual director del Registro Civil, Alfredo Santiago Chávez, acusó, "opera una cofradía de la criminalidad a lado de otros tres mandos.
También denunció que hay un presunto desvío de fondo en la expedición de actas de defunción de víctimas, y reclamó que los propios mandos del Registro Civil rentan a negocios ubicados afuera de la dependencia las clases para expedir actas de nacimiento.
Por ello, y en su respaldo, mujeres activistas marcharon por diversas calles del estado y protestaron frente a la sede del Palacio de Gobierno para exigir la renuncia del director Alfredo Santiago Chávez y tres mandos más de esa dependencia.
Karina García Sosa niega buscar la reinstalación en su cargo, solo pide que se pague lo que se le debe y se castigue a quienes abusan de sus funciones en el Registro Civil, por lo que ya presentó quejas ante la DDHPO, la CDDH, la Fiscalía de Justicia, la Fiscalía de Combate a la Corrupción y la Cámara de Diputados.
"Me sacaron porque obstaculizaba sus trampas y tranzas, y porque les era incómoda, pero ahora exigirá justicia para que sean castigados", advirtió.
Adelantó que, junto con ella, también se han sumado otros cuatro empleados que han sido víctima de ceses y despidos, que hoy piden se les dicten medidas cautelares para que no sean sujetos de amenazas, represalias o intimidaciones.
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