Jesús Plácido Galindo, integrante del Consejo Indígena y Popular-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunció que al menos 76 personas han sido asesinadas y 25 permanecen desaparecidas en la región de la Montaña Baja, presuntamente a manos del grupo criminal Los Ardillos, y exigió a las autoridades federales y estatales la detención de sus principales líderes, para poner fin a la violencia y al desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
En entrevista para MILENIO Televisión con Carlos Zuñiga, el dirigente externó que habitantes de comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero denunciaron que, desde el pasado 7 de mayo, han sido víctimas de ataques con drones y armamento de alto calibre contra localidades como Tula, Chicotlán, Cahuahuatlán y Alcozacán.
Plácido Galindo informó que se encuentran en la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa, donde, dijo, “la Guardia Nacional y el ejército mexicano acudieron para dialogar con la población y restablecer la ayuda humanitaria”, la que consideró insuficiente, al no haber detenidos, obligando a decenas de familias a abandonar sus hogares y refugiarse en los cerros sin alimentos ni condiciones mínimas de seguridad.
“No están deteniendo a los agresores, están desplazando con drones a nuestras comunidades. Vemos una simulación política que está protegiendo al crimen organizado”, señaló.
Además, el integrante de CIPOG-EZ explicó que familias enteras, incluidos niños, mujeres y adultos mayores, tuvieron que pasar las noches en los cerros bajo la lluvia y sin acceso a alimentos: “No hubo comida para los niños; durmieron en el monte por temor a la artillería y a los dronazos que caían en las comunidades”.
De acuerdo con Plácido Galindo, en la región suman “76 compañeros asesinados y 25 compañeros desaparecidos” desde 2015, y acusó a policías municipales de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo de presuntamente colaborar con integrantes del grupo delictivo conocido como Los Ardillos.
"El único delito de nuestra ciudadanía es organizarse"
Aseguró que el grupo criminal mantiene control en diversos municipios de Guerrero y es responsable de ataques contra comunidades que se niegan a colaborar con ellos.
“El único delito de nuestra ciudadanía es organizarse, levantar la voz y denunciar diez años de resistencia contra este grupo que ningún gobierno ha querido atender”, sostuvo.
Sobre el bloqueo registrado el día anterior, en el que funcionarios estatales fueron retenidos mientras se dirigían a la zona, Galindo afirmó que los responsables no fueron civiles, sino presuntos sicarios vinculados a Celso Ortega Jiménez, identificado por las comunidades como uno de los líderes de Los Ardillos.
Ante la llegada de funcionarios federales y estatales, así como de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las comunidades demandaron acciones concretas para restablecer la seguridad.
“Para que este conflicto termine, tienen que detener a los cabecillas del crimen organizado e investigar qué relación tienen funcionarios del ayuntamiento y de la fiscalía para no detenerlos”.
IYC