Desplazados de Guerrero entregan palacio municipal de Chichihualco

Las 74 familias esperan que en tres meses los reinstalen en sus comunidades de origen tras afianzar los apoyos otorgados por el gobierno federal

Las familias esperan desplazarse de nuevo a sus lugares de origen (Rogelio Agustín)
Editorial Milenio
Guerrero /

Las 74 familias que permanecían en el auditorio municipal de Chichihualco entregaron las instalaciones al alcalde Ismael Cástulo Guzmán, luego de que afianzaran el apoyo del gobierno federal.

El pago de 3 mil pesos mensuales para la renta de una vivienda y 4 mil pesos de alimentación fue consistente y esperan que en tres meses haya condiciones para regresar a sus comunidades de origen.

Antes de desmantelar el campamento que mantuvieron desde el 13 de noviembre de 2018, las casi 300 personas desplazadas de Corralitos, Filo de Caballos, Campo de Aviación y Los Morros principalmente, ofrecieron una conferencia de prensa en la que reconocieron el apoyo del alcalde Cástulo Guzmán.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón manifestó que de los tres niveles de gobierno, el municipal fue el que en esta ocasión estuvo a la altura de las circunstancias, pues desde que llegaron a la cabecera ofreció el respaldo a las familias afectadas por la incursión de civiles armados en el corredor que va de Tlacotepec hacia Casa Verde.

Explicó que a partir del plantón que mantuvieron por espacio de 36 días en Palacio Nacional, lograron que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se les otorgara un apoyo económico que garantiza el pago de la renta de una vivienda, lo que les permitirá que ya no estén hacinados en el auditorio.

También se les otorgó el pago de una despensa mensual para cubrir lo relacionado con su alimentación, pero aclararon que no se trata de una solución definitiva, pues esperan que en un plazo de tres meses a más tardar, el gobierno de la República los reinstale en las comunidades de las que fueron desplazados por civiles armados incorporados al Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FPCEG).

Manuel Olivares solicitó al gobierno del estado que no suspenda el apoyo de 50 mil pesos semanales que se ha estado destinando para las 300 personas que permanecían en el refugio, pues se les ha informado que esta semana será la última emisión que reciban de dicho recurso.

Crescencio Pacheco González, vocero de los desplazados consideró urgente que los tres niveles de gobierno sumen esfuerzos para lograr la reconciliación en la Sierra, pues la crisis que se vive en esta parte de la entidad no tarda mucho en afectar directamente a la capital del estado.

dmr

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