Pobladores de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo, desplazados a causa de la inseguridad que se vive en la sierra de Guerrero, urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar tropas de la Guardia Nacional que garanticen la pacificación de la región y el retorno a sus lugares de origen.
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Además, solicitaron una audiencia con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para pedirle el repliegue de los grupos armados de las comunidades afectadas; la instalación de un perímetro de seguridad entre los límites los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo; así como presencia policial en el corredor Corralitos- Casa Verde y Corralitos- Polixtepec.
“Queremos y pedimos a gritos que ya haga presencia la Guardia Nacional, nos dijo el Presidente que tuviéramos paciencia, la tenemos, pero día a día los grupos autodefensas van avanzando y lo importante es que haya solución porque van a haber más desplazados, va a haber más violencia pero si ellos voltean a vernos, las cosas en Guerrero pueden cambiar”, plantearon.
Criticaron que “si la idea del gobierno es pacificar al país a través de la Guardia Nacional, no sabemos por qué hay grupos de autodefensas, cuando ellos aseguran que van a darnos seguridad”.
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En conferencia de prensa, la asesora jurídica del Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, señaló que hasta el momento, no se han cumplido cabalidad los acuerdos alcanzados el 29 de marzo pasado, cuando levantaron el plantón que permanecía frente a Palacio Nacional.
“La educación que se solicitó no ha sido adecuada para los niños porque es solo un rato y no tienen un horario como los demás; en él área de salud, no se cuenta con atención médica ni medicamentos, por ello la señora Virginia Zúñiga falleció el 12 de mayo pasado, porque no se le atendió una infección gastrointestinal provocada por los alimentos enlatados que le dio el gobierno estatal”, apuntó.
Precisó que con lo único que el gobierno federal ha apoyado a las 84 familias afectadas es brindándoles el reconocimiento como víctimas, la alimentación y el pago de sus rentas en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.
En tanto, Omar González, uno de los pobladores desplazados de la comunidad Campo de Aviación, hizo un llamado al gobierno federal para que implemente proyectos productivos en la región, que les brinde una certeza laboral en el campo, pues señaló que la siembra y la venta de amapola, que era la única fuente económica de la región, “está en crisis y ya no vale lo mismo que antes”.
“Sabemos que en Estados Unidos fue sustituida por el fentanilo, que es un opioide 50 veces más potente que la heroína y cayó el precio de la amapola, que era la fuente de nuestros ingresos, pasó de un costo de 22 mil pesos por kilogramos a solo 4 mil pesos”, destacó.
Afirmó que las producciones de amapola se venden a los grupos del crimen organizado, quienes establecen los precios de salida.
"Nosotros sólo somos agricultores, sembramos, cosechamos, vendemos. Ellos nos compran, ellos son los que generan la violencia”, dijo.
En ese sentido, puntualizó que ahora que se tiene contemplada la regularización de la mariguana, el 90 por ciento de los campesinos de la región guerrerense tendrán nuevas oportunidades, ya que no serán perseguidos por las autoridades ni presionados por los criminales.
RLO