Desplazados por violencia en Sinaloa esperan ansiosos nuevas viviendas en Mazatlán

De las 50 casas construidas, seis familias ya las habitan, aunque faltan algunos servicios; el proyecto se había retrasado a consecuencia de la pandemia de covid-19, pero se hizo realidad después de una lucha de cuatro años.

El proyecto se hizo realidad después de una lucha de cuatro años. (Adriana Carlos)
Adriana Carlos
Mazatlán /

Con tristes recuerdos a cuestas y carencias económicas, familias desplazadas por la violencia de algunos pueblos de la sierra del municipio de Concordia se vieron obligadas a vivir en la periferia de Mazatlán y, esperan con ansias habitar en el fraccionamiento CVIVE donde se les construyeron 50 viviendas.

El proyecto que, entre otras cosas, se había retrasado a consecuencia de la pandemia del covid-19, se hizo realidad después de una lucha de cuatro años.


Está ubicado cerca del hospital militar y ahora se tiene el compromiso del gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha, de seguir apoyando a los desplazados de manera integral.

De las 50 familias que demandan la vivienda sólo seis las habitan debido a que los servicios no están completos.

Unos de los primeros habitantes son Don Juan Valdez Gamboa de 90 años y su esposa Josefina Arellano de 79, quienes no perdieron la esperanza de contar con una casa propia a pesar de las tragedias que les ha tocado vivir desde “aquel horrible día” en el que fueron desalojados de su hogar en Pánuco por la violencia organizada.

“Me quedan recuerdos amargos, porque yo vivía muy a gusto allá (en Pánuco), allá no compra uno maíz, no compra uno frijol, no compra uno leña ni nada de eso, tenía yo allá un potrero, mis animales y tuve que deshacerme de ellos, se quedaron allá, todo lo perdí, gracias a Dios que ya tenemos donde vivir y donde descansar”, mencionó don Juan con semblante alegre y sin ganas de regresar a Pánuco.


Vivían en el pueblo de Palos Blancos, "por la rebelión que hubo nos bajamos a Pánuco, se puso más rebelde la situación y nos desalojaron casi no supimos ni por qué, en esos días ni nos decían, solo se va la gente, se va. Tenía mis vaquitas, mi ranchito, me mantenía de la siembra de frijol, de maíz, no había necesidad de la comedera, teníamos todo, y aquí es diferente, el rancho para mí es lo mejor que puede haber”, lamentó don Juan.

Les advirtieron que tenían 24 horas para salirse porque de lo contrario “se los llevaban entre las patas”.

“Todos se fueron. Pánuco en esas fechas se quedó solo, aquí en Mazatlán hasta tres familias viven en algunas casas, nosotros estamos bien gracias a Dios pero de todos modos arrimados”, agregó.

Dijeron sentirse felices de ser de los beneficiados con la vivienda a pesar de que aún no cuentan con todos los servicios y aunque con esta nueva propiedad se abre un panorama alentador, a doña Josefina le invade la tristeza al recordar a sus hijos fallecidos.

El matrimonio perdió a su hijo de 30 años. Fue asesinado a sangre fría. Al poco tiempo de llegar al puerto don Juan fue atropellado por un auto y le afectó una pierna, afortunadamente se recuperó, poco después murió su hija, padecía diabetes.


Actualmente se mantienen con la pensión que otorga el gobierno federal a los adultos mayores pero no les alcanza, se apoyaron con la venta de ‘bolis’ y también venden tamales y pan, con eso esperan sacar dinero para escriturar su nueva casa.

Casi una década de desplazamiento

Adela Carrillo 56 años y Francisco Osuna de 61 son otros de los beneficiados con una nueva vivienda, fueron desalojados con violencia de su hogar desde el 2012, con siete de sus hijos, desde entonces han batallado. Al llegar a Mazatlán se hospedaron por unos meses con su hija casada quien ya vivía ahí, pero después comenzaron a rentar.

El caso de Rosa Irene es parecido, hace cuatro años fue desplazada; su miedo fue más fuerte cuando mataron al hermano de su papá, “nos salimos porque no quisimos más problemas, yo tengo a mis hijos y le da miedo a uno, pues levantaban a uno y a otro, ya no sabía uno ni quien seguía” indicó.

Ella y su familia solo esperan la introducción de servicios para poder habitar su nuevo hogar.

El caso de Amalia Isabel, también es de destacar, ella recuerda que estaba embarazada cuando vivía en un pueblo de la sierra. “Vivíamos bien, sí hubo violencia pero nunca se metieron con nosotros, le daba miedo a uno, pero hasta allí”, apuntó.

“El gobierno nos había apoyado con una casita y todo quedó allá, ya no hubo manera de recuperar casi nada solo las poquitas cosas que pudimos sacar con los abuelos de mi marido”, añadió.

Sin mostrar su rostro María Garay narró que a su familia la tuvieron dos días encerrada en la casa de un hermano, afortunadamente no pasó a mayores. Eran grupos armados, recuerda, les pusieron un ultimátum para desalojar el pueblo y toda la gente se salió.

“Era una pesadilla vivir ahí, era el atardecer y uno con aquel miedo, vivíamos en una lomita y de arriba tiraban balazos hacia abajo, nomas nos hacíamos bolita en una esquinita nomas a esperar que pasaba. Una bala que nos cayera o algo”, lamentó.

Además, señaló que cerca de su vivienda mataron a dos hermanos al mismo tiempo.

No hay un censo exacto de familias de desplazados, se estima que son más de 4 mil en Sinaloa

En la zona sur desde el 2012 hubo familias que salieron de sus pueblos paulatinamente, pero fue a finales de julio del 2017 que empezó a ser mayor el contingente, en el segundo grupo venían más de 300 familias, señaló el dirigente del Frente Social, Miguel Ángel Gutiérrez.

Son más de mil familias las afectadas, aproximadamente 400 de ellas habitan en Mazatlán, más de 300 en Concordia y 300 en Villa Unión.


“Algunas se han ido y se regresan; vienen de la sierra de Concordia, en la parte alta, de Pánuco, La Petaca, Chirimoyas, Potrerillos desde hace cuatro años. El 28 de julio el 2017 mataron a ocho jóvenes en el pueblo de Potrerillos en ese momento toda la comunidad fue amenazada por el crimen organizado y salieron huyendo y llegaron a Mazatlán, pero el gobierno municipal los rechaza por no ser de aquí porque son de Concordia, pero la economía es muy limitada y la gente decidió quedarse aquí, la mayoría son jóvenes, de mediana edad, familias constituidas, tienen muchos niños, tres cuatro niños”, indicó.

Se empezaron a organizar, el gobierno federal pidió al del estado que se encargara de este asunto, y fue hasta el 2018 que el Congreso del estado etiquetó 30 millones de pesos para los desplazados en Sinaloa, para la compra de terrenos, principalmente.

En 2019 se aportaron 40 millones de pesos y en 2020 se apoyó con 50 millones para vivienda.


“La mayoría en todo el estado ya tiene terreno pero no tiene vivienda. Aquí en Mazatlán es donde más vivienda tienen y más completas”, dijo.

Se cuenta con aproximadamente 170 terrenos en Mazatlán, aparte de las 50 viviendas y están por asignarse esos terrenos. Además, se hizo un intento de convenio para que se compraran otras cuatro o cinco hectáreas más para desplazados que no tienen ningún terreno.

Actualmente, ya están habitando algunas familias las viviendas construidas, pero los servicios todavía no están completos, indica el dirigente.

“Les pasan la luz del fraccionamiento Palmares (que está detrás de las casas de los desplazados). Ya está la red de agua y drenaje pero falta el tanque de almacenamiento, de ahí se surtirán de agua y ese no lo han puesto”, dijo.

Gutiérrez añadió que esperan que la segunda semana de agosto (les pongan el tanque de almacenamiento), porque en el Gobierno del estado están de vacaciones y a ellos les toca gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad.

En cuanto al pago de las casas –resaltó- que no tendrán un costo para los beneficiados, solo tendrán que pagar la escrituración, que les costará 5 mil pesos, porque el Gobierno del Estado a través de CVIVE (Comisión de Vivienda) les está apoyando.

Comentó que durante la campaña electoral se platicó con el actual gobernador electo, Rubén Rocha Moya quien se comprometió a apoyarlos no solamente con vivienda, "sería un apoyo integral para toda esta gente que fue forzada a dejar sus tierras, su historia, sus casas, animales, hasta sus muertos".

“La violencia se origina principalmente por el control de las tierras en la parte más alta, es el narcotráfico, y en la otra parte, es la explotación de minas, en la parte baja de la sierra principalmente en Concordia y en Rosario allí está el control por la explotación de minas, en la otra parte el control del narcotráfico”, recalcó Gutiérrez.
“La gente anda aquí deambulando –lamentó- ya no puede regresar porque sus tierras están controladas por la delincuencia organizada, siguen teniendo miedo, desgraciadamente las autoridades federales estatales y municipales no han podido controlarla”.
“Desde que se vino la gente, el gobierno ha insistido en que se regrese. Sí ha habido gente que se ha regresado pero los han vuelto a sacar, los han violentado les han matado a sus familias, tenemos momentos en que tuvo el ejército que entrar para que la gente sacara sus pertenencias, la violencia sigue allá”, recalcó.

Además, la pandemia les ha pegado duro porque además de no tener vivienda,ellos tienen limitaciones de todo, hay gente que se ha muerto.

“No se tiene el número, pero hubo gente que falleció a consecuencia de eso, gente adulta tiene problema de enfermedades degenerativas, como el cáncer, diabetes y ha fallecido, pues no tiene sistema de salud, lo del covid es muy caro, el tratamiento, y la gente ha salido como ha podido; aparte de esas enfermedades tienen muchas enfermedades que han sido muy difícil sortearlas”, compartió.

Recordó que el pasado 20 de abril se platicó con el gobernador, Quirino Ordaz, quien les dijo que antes de que termine su mandato iba a cumplir con los compromisos establecidos, entrega de terrenos, principalmente en Concordia, Mazatlán y Villa Unión aquí en el sur, y en todo el norte y el centro del estado.

De acuerdo con cifras del gobierno del estado de Sinaloa –resalto Gutiérrez- hay poco más de 2 mil familias desplazadas en todo el estado, pero de acuerdo al Frente Social son más de 4 mil familias que viven en las partes bajas de las sierras, de Badiraguato, Choix.

ledz

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