En un operativo llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE) en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Policía Estatal, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho policías municipales pertenecientes a la Dirección de Seguridad Pública de Colima.
Estos individuos están bajo la acusación de mantener vínculos con una organización delictiva de alto perfil en la región.
¿De qué se les acusa?
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía estatal consultados por MILENIO, los policías enfrentan cargos por dos delitos graves.
En primer lugar, se les imputa el uso indebido de información confidencial relacionada con las actividades de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como el sistema penitenciario.
En segundo término, se les acusa de asociación delictuosa, figura legal que implica la conformación de un grupo formal o informal de tres o más personas con el propósito específico de cometer delitos de manera permanente o transitoria.
La detención de los ocho elementos se llevó a cabo en la madrugada del jueves 29 de agosto. Cinco de los policías fueron capturados en las instalaciones de la Dirección de la Policía Municipal de Colima, dos fueron aprehendidos en sus domicilios y uno más en la Dirección de la Policía Municipal de Villa de Álvarez.
Todos ellos fueron puestos a disposición del juez de control, quien determinará su situación legal conforme avance la carpeta de investigación.
La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima aseguró que la investigación continúa y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones de elementos en activo de otras corporaciones policiales involucradas.
¿Qué es una asociación delictuosa?
El Código Penal establece las consecuencias para quienes formen parte de una asociación delictuosa.
Según el artículo 231, los involucrados pueden enfrentar penas de prisión que van desde dos hasta ocho años, además de multas significativas.
Estas sanciones pueden aumentar hasta en una tercera parte si los delitos cometidos por la asociación son considerados graves por la ley.
En casos donde los integrantes de la asociación delictuosa sean o hayan sido servidores públicos, como en el caso de los policías detenidos, las penas se agravan aún más, incluyendo la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un período prolongado.
MO