Las empresas llegan al Día del Trabajo de este año con un aumento de obligaciones fiscales luego de que el año pasado entró en vigor la llamada “Ley de Outsourcing” que terminó siendo fiscal antes que laboral.
Rosa Huepa Onofre, especialista en materia laboral, destacó que las acciones para regular la subcontratación se concentraron en un aumento a las obligaciones fiscales que no necesariamente beneficia a los trabajadores.
La subcontratación consiste en poner trabajadores de una empresa a disposición de un cliente y que este use sus servicios como si fueran parte de su nómina; sin embargo, la definición ha dado problemas debido a la ambigüedad del concepto de “servicios especializados”, apuntó la investigadora.
En una charla con estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, Huepa Onofre explicó que hace poco más de un año, entraron en vigor siete reformas constitucionales en materia laboral y la que más generó conversación pública es la relativa a la prohibición de la subcontratación, es decir, en outsourcing.
“La subcontratación se trata de una práctica histórica que perpetúa la precariedad de los empleos y descarga las obligaciones fiscales de los clientes que se hacen de los servicios profesionales. La subcontratación en sí no es mala. En países como Inglaterra se utiliza para delegar tareas dentro de una empresa especializada. Así, una planta de autos podría subcontratar a contadores externos para llevar sus finanzas. El problema ocurre cuando el modelo se usa con fines ilegales o abusivos”, apuntó.
La investigadora lamentó que, en México, la subcontratación laboral se utilizó para ilícitos que van desde la evasión de obligaciones por parte de empleadores hasta lavado de dinero y otras prácticas irregulares.
“El problema fue que, si alguien ganaba 500 pesos, por outsourcing lo daban de alta por salarios mínimos. Eso no era lo menos grave, se presentaron casos en los que a los trabajadores los hacían socios de empresas fantasmas”, explicó.
Destacó que, con la nueva normativa, se otorgó a las empresas especializadas un valor fiscal conocido como Registro de Empresas de Subcontratación (REPSE) que, de no cumplirse, las privaría de la posibilidad de deducir impuestos.
“Al final, fue una reforma fiscal disfrazada de laboral. Las sanciones por el incumplimiento ascienden hasta 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada caso de incumplimiento”, explicó Huepa Onofre.
AFM