La diócesis de San Cristóbal de Las Casas en Chiapas responsabilizó a los tres niveles de gobierno de los recientes asesinatos perpetrados hacia las familias en el ejido de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, así como de su omisión ante la realidad denunciada.
En un comunicado enviado por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro e integrantes de la diócesis expresaron su sorpresa por la falta de acción de las autoridades a pesar de la presencia del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
“Honramos a nuestros hermanos asesinados y al pueblo creyente que peregrina en estas sagradas tierras arrasadas por la violencia generada por el control del territorio y el interés latente de continuar con la explotación minera por grupos criminales que han operado en total impunidad a pesar de las constantes denuncias, comunicados y exigencias de paz, siguen provocando muerte, desapariciones, desplazamiento forzado, amenazas y hostigamiento a la sociedad civil, víctimas de este sistema de gobierno fallido que ha permitido que estos grupos criminales avancen y se posicionen en los pueblos”, precisó en el documento.
La Iglesia católica de los Altos de Chiapas lamentó que esta tierra se vuelva a teñir de sangre de mártires, mujeres y hombres que resisten ante la violencia y buscan construir caminos de paz y justicia de manera pacífica.
De acuerdo con la misiva, presuntos integrantes del crimen organizado entraron a la comunidad de Nueva Morelia alrededor de las 17:30 horas y atacaron directamente las casas de quienes aún permanecían en la comunidad, resultando en el asesinato de 11 personas: seis hombres y cinco mujeres.
Cuatro de ellos fueron asesinados en diferentes casas, mientras que 7 miembros de una familia reunida en su hogar después de la celebración dominical fueron ejecutados.
Posteriormente, incendiaron la vivienda y los cuerpos de dos mujeres quedaron totalmente calcinados.
“Pedimos un minuto de silencio in memoriam de Alfonso, de 73 años; Teresita de Jesús, de 28 años; Dolores, de 56 años; Rosalinda, de 57 años; Yoiari Belén, de 18 años; lanacio, de 52 años; Isidra, de 54 años; Urbano, de 42 años; Brandi, de 15 años; Joel, de 49; y Azael, de 31 años”, enfatizó la iglesia.
De acuerdo con la diócesis, estas personas se resistían a abandonar sus hogares a pesar de la violencia, las amenazas y el hostigamiento de los grupos criminales para unirse a ellos.
Su resistencia a favor de la vida, la paz y la justicia, así como contra todos los signos de muerte que laceran la vida y la dignidad humana, ha llevado a estos hermanos y hermanas nuestras a derramar su sangre por el pueblo, señala el documento.
“Nuestros pueblos siguen sufriendo, estamos en medio de una guerra que no tiene fin y nos están llevando como pueblo a ponernos como carne de cañón y barrera humana, muchas comunidades han quedado vacías por las amenazas, asesinatos y desapariciones, nos han infundido el miedo y el terror, apoderándose de nuestra tierra y territorio sin que el Estado haga algo por garantizar la vida y la seguridad de los pueblos”.
Diócesis exige atención a demandas
La diócesis de San Cristóbal lanzó un enérgico llamado a las autoridades competentes para que presten atención a estas comunidades y pueblos y actúen conforme a derecho.
Denunciaron los asesinatos que han quedado impunes, los cientos de desaparecidos que se suman a la larga lista de los invisibilizados, la omisión del Estado frente a los grupos criminales que han desestabilizado la vida de los pueblos, así como el despojo de bienes materiales y naturales del que están siendo víctimas nuestras comunidades y pueblos.
También denunciaron el secuestro de comunidades y pueblos por grupos delincuenciales, obligándolos a unirse a sus filas y condicionándolos para permanecer en sus casas.
Las amenazas, el hostigamiento, la intimidación y la persecución a la sociedad civil, así como la presión y el control social de los grupos criminales.
“El cobro de derecho de piso y de paso, el cobro de derecho de piso y de paso, la presencia de personas armadas en nuestras comunidades, el control del territorio, el saqueo y explotación minera que ha llevado al asesinato de personas inocentes que cuidan y defienden la madre tierra”, afirmaron.
Denuncian más muertes por presuntos integrantes del crimen organizado
Pidieron justicia para los 11 asesinados en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo, el 12 de mayo de 2024, así como para los dos civiles asesinados el 4 de enero de 2024 en la misma comunidad de Nueva Morelia y los dos asesinatos adicionales el 16 de enero de 2024 en la franja de la presa.
“Hacemos un llamado a la sociedad civil a no perder la esperanza y no permitir que la guerra entre estos grupos criminales nos lleve a confrontarnos como pueblo, la guerra no es entre nosotros, nosotros somos víctimas de esta violencia”, señalaron.
"Acuerpémonos como pueblo, como sociedad, no caigamos en la dinámica del individualismo, egoísmo y odio hacia el otro y la otra. Seamos solidarios con quienes tienen que salir y cuidémonos entre nosotras y nosotros” finaliza el comunicado.
MO