La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión recibió una iniciativa de ley que busca garantizar la conectividad en zonas afectadas por desastres naturales, mediante la creación de infraestructura pública de emergencia y nuevas obligaciones para empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de evitar la incomunicación de comunidades tras contingencias como huracanes y sismos.
México registra en promedio más de 30 desastres naturales declarados al año, y en cada uno de ellos la caída de las telecomunicaciones agrava la emergencia y prolonga la desconexión de las comunidades.
Los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, Patricia en 2015, Otis en 2023, John en 2024 y Erick en 2025, así como el sismo del 19 de septiembre de 2017 y las inundaciones en Tabasco en 2020, lo evidencian con claridad.
Esa fue la realidad que vivió Acapulco con el paso del huracán Otis en octubre de 2023 y a lo largo de los días que siguieron al desastre, cuando familias enteras quedaron sin manera de comunicarse y los equipos de auxilio trabajaron sin coordinación digital.
Para que esa experiencia no vuelva a repetirse, el diputado federal Irugami Perea propuso una iniciativa de ley federal.
Proponen reforma para evitar incomunicación
La propuesta fue presentada el 15 de abril ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el diputado Irugami Perea, junto con Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna y Javier Taja Ramírez del Grupo Parlamentario de Morena, así como por Gerardo Olivares Mejía del Partido del Trabajo.
El propósito es que ningún municipio del país vuelva a quedar desconectado tras un desastre natural, en consonancia con la agenda de fortalecimiento institucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La iniciativa reforma y adiciona el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil, y agrega el artículo 102 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, articulando por primera vez dos ordenamientos que no se habían vinculado en materia de comunicaciones de emergencia.
La primera medida consiste en crear Puntos Públicos de Conectividad de Emergencia en plazas, parques y espacios comunitarios estratégicos de los municipios del país. En los días posteriores a un desastre, cuando la red de las empresas de telecomunicaciones se cae, estos puntos quedarán habilitados con WiFi satelital y energía autónoma, de modo que cualquier persona pueda acercarse para avisar a su familia que se encuentra a salvo o pedir ayuda.
La segunda medida adiciona una fracción XIV al artículo 102 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con esa adición, las empresas que prestan servicio en Guerrero y en el resto del país tendrán la obligación expresa de garantizar la continuidad de las comunicaciones cuando su infraestructura resulte dañada por un huracán o un sismo.
El régimen transitorio establece un calendario, donde el Ejecutivo Federal tendrá 180 días naturales para emitir los lineamientos respectivos, y los concesionarios contarán con hasta doce meses, contados a partir de la publicación de esas normas, para poner en funcionamiento los mecanismos. La instalación priorizará a los municipios con mayor exposición a riesgos, entre los que se ubica Acapulco.
Con esta iniciativa, Acapulco convierte su experiencia con desastres naturales en legislación federal. La ley que nació de Otis abre el proceso legislativo en comisiones de la Cámara de Diputados con un propósito claro, que en México la conectividad digital en emergencias deje de ser una promesa y se convierta en un derecho garantizado para todos los municipios del país.
DIRV