El municipio de Durango se sumará a las acciones legales que emprenden los ayuntamientos de las capitales del país en cuanto a la Ley General de Comunicación Social, se espera que sea por medio de un recurso jurídico, dio a conocer Alicia Gamboa, síndico municipal.
Por su parte, Pedro Silerio, regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), explicó que por ser una ley general ante la que buscan inconformarse los ayuntamientos, es necesario promover una controversia constitucional y solicitar una suspensión a la norma, en lo que se resuelve la inconformidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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En este sentido, Gamboa comentó que es un tema injusto para los municipios, porque para el Gobierno Federal se cuenta con espacios en medios y recursos, por lo que primero debería de restringirlos para Presidencia de la República.
Explicó que una de las formas en la que se puede revertir esta situación es por medio de un amparo que esperan interponen por parte del Ayuntamiento.
“Es triste la realidad que vivimos sobre todo a los estados y los municipios. Yo haría una pregunta: ¿por qué el Gobierno Federal no reduce su presupuesto para medios? Creo que cualquier estado y cualquier municipio tiene derecho a informar sobre los programas y las acciones que se están realizando por parte de las autoridades”, mencionó.
Señalan que se violenta la autonomía municipal
Silerio fue claro al mencionar que los Gobiernos municipales utilizan estos recursos para informar a los ciudadanos sobre becas, programas, campañas de salud, incluso cuando hay temas de contingencia, por lo que con estas restricciones, se puede ver afectado el flujo de información.
El entrevistado comentó que por medio de la Ley General de Comunicación Social, en la que se estima un tope de 0.1 por ciento de presupuesto de los gastos de comunicación, se violenta la autonomía municipal, porque el ayuntamiento por medio de los acuerdos en Cabildo, conforme a la Ley de Municipio Libre, da una distribución de los recursos presupuestales, bajo un acuerdo del Congreso del Estado.
Opinó que otro de los daños que tiene la aplicación de esta normativa, es que se violenta el derecho a la información de los ciudadanos, más con los programas sociales de salud y la entrega de becas.
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