María Elena González Rivera, legisladora local por el Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, con la finalidad de aumentar el máximo de la pena privativa de libertad para el caso del feminicidio infantil hasta por 70 años y multa de cinco mil 320 veces la Unidad de Medida y Actualización.
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“Es indispensable que nuestras leyes cuenten con todos y cada uno de los preceptos normativos que propicien de manera efectiva la disminución de las agresiones en contra del género femenino y todas sus negativas consecuencias”, puntualizó al realizar la ampliación de motivos.
En este sentido, consideró necesario que el Estado se mantenga actualizado en materia de prevención, atención y sanción de toda conducta que atente contra los derechos de la mujer duranguense.
“Es requerida la aplicación de una pena mayor para los casos en los que se presente una circunstancia de las consideradas como agravantes del delito de feminicidio, ello dado que, al actualizarse alguna de ellas, siendo esto un motivo legal para aumentar la responsabilidad penal del condenado, se debe sancionar con mayor severidad, debido a la existencia de alguna ventaja con respecto a la víctima o saña contra cuando se comete el ilícito”, resaltó.
Al respecto, comentó que en el Código Penal vigente no se encuentran contempladas todas las agravantes que se pudieran presentar en la comisión del delito de feminicidio, pues, si bien es cierto se intenta salvaguarda la vida e integridad de una menor de edad, mujer embarazada o con alguna discapacidad, dada la vulnerabilidad de éstas con respecto al sujeto activo, no menos cierto es que también una mujer adulta mayor resulta igual de endeble que las ya contempladas en la redacción actual.
Por ello, la legisladora también consideró necesario establecer dentro de las agravantes el caso en el que el feminicidio se ejecute en contra de una mujer mayor.
Agregó que a lo largo y ancho del país, se han seguido presentado múltiples proyecto e ideas en diversos ámbitos de la vida social, política y jurídica para el tratamiento del tema de violencia contra la mujer.