Ejidatarios originales del pueblo de Graseros, en Lerdo, acusaron que el gobierno federal busca aplazar pagos de indemnización y encima aplicarles impuestos luego de que en 56 años no les pagaron sus tierras afectadas donde fue construida la presa Francisco Zarco 'Las Tórtolas'.
“El cheque ahí está por 55 millones de pesos en el Tribunal Agrario del Sexto distrito en Torreón, según esto, pero nos dicen solamente acomódense con lo que les toque hacer y llevarlo a un banco a depositar a una cuenta del ejido, pero para ello deben darse de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo Francisco Soto Vargas.
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Cuenta de banco les pedirá rendir recursos ante el SAT
El profesor en retiro, defensor y vocero de los campesinos originales de la presa Las Tórtolas, expuso que este es el único detalle que observan, ya que el banco, cualquiera que sea, se tendrá que abrir una cuenta como ejido, pero para ello hay que darlo de alta en el SAT y desde ahí toda dispersión de recursos tendrá que pagar impuestos.
No quieren pagar impuestos por ser una "deuda histórica"
Recordó que hace dos meses acudieron a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua y se entrevistaron con Antonio Zamora, a quien el presidente de la República designó como responsable del Plan Agua Saludable, y se le hizo ver la necesidad de que ese dinero pueda entregarse sin cobro de impuesto, dado que se trata de una deuda que mantenía el gobierno federal desde 1968.
“La cuestión es que ellos (Conagua) nos deben, entonces porque nos obligan a pagar impuestos, nosotros no vamos a facturar ningún servicio o alguna compra, solamente vamos a repartirnos un dinero que era una deuda del gobierno, es decir, que nos paguen lo que nos deben y hasta ahí, por lo que si nos van a dar determinada lana, que llegue a nosotros pero sin tener que pagar impuestos al gobierno”, dijo.
En su respuesta, dijo que el tema se ha ido aplazando y burocratizado, por lo que se ha insistido en la necesidad de que se liberen pagos sin tener que darse de alta, de ahí que les detalló que ya hubo un caso en Sonora donde no eran ejidos, sino particulares, en el que se pagó una deuda histórica, quedando de resolver pronto.
Por último, el defensor expuso que el problema es que ya no contestó el teléfono y los traen con puras vueltas, por lo que a cinco meses de terminar Andrés Manuel López Obrador lo menos que se espera es que cumpla su palabra con los campesinos de nuevo Graseros.
aarp