“Crimen de Estado sin culpar al jefe”, fue el título de la última columna publicada por Fredid Román Román, el número 15 en la lista de periodistas asesinados en México en lo que va de 2022. La columna fue publicada en varios medios impresos, pero colocada también en las redes sociales del periodista asesinado la tarde del lunes 22 de agosto en la colonia Progreso, ubicada a escasos metros de las instalaciones de la 35 Zona Militar.
“Fue un crimen cometido por el estado, esa fue la conclusión que presentó el jueves pasado a familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) sobre este lamentable suceso ocurrido hace 7 años 11 meses en Iguala, Alejandro Encinas Rodríguez”, inicia la columna de Román.
Y continúa: “Inmediatamente después la Fiscalía General de la República, detiene en un suceso que los propios investigadores calificaron de penoso y que Jesús Murillo Karam, ex Procurador de la República, corrigió; “penoso no, político”. Encinas anuncia que se habían girado 83 órdenes de aprehensión más, contra mandos militares, autoridades administrativas de Guerrero, policías municipales y presuntos delincuentes. Las conclusiones reveladas son consecuencia de la investigación que realizaron las autoridades anteriores, al menos lo que presentó Encinas Rodríguez como -avances de la investigación- son las mismas que ya se conocían. Lo único nuevo es la interpretación nueva que se le da a esta tragedia; Crimen de estado. Un crimen de estado, son actos sistemáticos que se realizan de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos. Y son cometidos por las autoridades de un estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, con su tolerancia o complicidad”.
En el texto, señala que la principal evidencia que tiene la CVAJ para concluir que lo sucedido en Iguala fue en Crimen de Estado, es el testimonio de un testigo protegido que reveló de un supuesto cónclave en Iguala, que encabezó Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo en Israel y donde asistieron el entonces gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero y Omar García Harfurch, jefe de la Policía Federal en Iguala.
Anotó que sobre dicho cónclave hay dos verdades que echarían por tierra la construcción de “la verdad histórica” que según se diseñó en esa reunión: Primero, el testigo protegido, según testimonios, no estuvo presente en esa reunión y segundo, dos actores Ángel y Omar, ha desmentido su asistencia.
En la parte final de la colaboración, otorgaba razón a los deslindes de García Harfuch y Aguirre Rivero, bajo el razonamiento de que la denominada Verdad Histórica se fraguó en la ciudad de México, ya que en Iguala se comenzó a aplicar como resultado de las investigaciones previas.
Y estableció: “Si fue Crimen de Estado, ¿Por qué en la mañanera de este lunes, el presidente López Obrador exoneró al ex presidente Peña Nieto? Y reveló que la Fiscalía no contempla ninguna orden de aprehensión contra el ex mandatario y ni contra el General Salvador Cienfuegos; jefes político y militar de Murillo Karam y de los 20 mandos militares y personal de tropa, respectivamente”.
Aseguró que las promesas del presidente López Obrador, en el sentido de buscar y encontrar con vida a los jóvenes normalistas y conocer la verdad de lo que realmente ocurrió la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, “se antoja imposible como lo ha reconocida la propia CVAJ”.
Dijo también, que muchos criminólogos señalan que “un crimen de estado, siempre pretende estar justificado y que es producto de un aprendizaje y de un entrenamiento, incluso profesional, y en ocasiones de larga práctica política, científica o técnica. Ahora bien el criminal de estado, se considera un mártir sacrificado por su ingenuidad y buena fe política o por el oportunismo o la falta de escrúpulos de quienes le quitaron el poder”.
Casi en el cierre de la colaboración, Fredid recordó que algunos analistas han relacionado la detención de Murillo Karam con la libertad de Rosario Robles, con lo que aseveró: “El gobierno de AMLO, quiere mandar señales de que en efecto lo mejor de lo peor, está por venir como alertó en una reciente mañanera”.
Y termina: “Nadie ha filtrado los nombres de los 5 funcionarios administrativos del gobierno de Guerrero, pero la sospecha pública apunta hacia el ex gobernador, cuya responsabilidad, si es que la hay, sería la de omisión en no aplicar sus facultades constitucionales de destituir a algunos de sus colaboradores ante algunas omisiones en la investigación. Aguirre Rivero, manifestó su voluntad de comparecer ante la autoridad que lo requiera, lo mismo Omar García Harfurch. Los dos ya negaron su participación en la construcción de la Verdad Histórica”.
dr