Durante la penúltima sesión en la Asamblea Constituyente y a unas horas de cumplirse el plazo constitucional para entregar la Constitución de la Ciudad de México, los legisladores constituyentes eliminaron más de seis temas polémicos de los 26 que tenían pendientes de discutir.
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Después de nueve horas y 50 minutos de debate en el pleno, los legisladores se quedaron a tres artículos y 35 transitorios de finalizar la elaboración de la Carta Magna, tras discutir el "itacate legislativo", término que se utilizó para nombrar los temas polémicos que iban quedando rezagados, a lo largo de los cuatro meses y medio de sesiones ordinarias.
Las propuestas eliminadas fueron la disminución de la edad para votar, de 18 a 16 años; el derecho al voto de los reclusos no sentenciados, derecho a una vida digna, fondo de pensión y ahorro para personas no asalariadas, así como la atribución de la CDHDF para iniciar juicio político por violaciones graves a los derechos humanos, y el derecho a edificación adicional, además de hacer obligatorio que inmobiliarias realicen acciones de mitigación en la zona de construcción.
Asimismo se aprobó someter a referéndum cualquier reforma que se quiera realizar a la Constitucional, a solicitud de al menos el 0.4 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista electoral de la capital o por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Local.
Para esto, el órgano legislativo local podrá llamar a referéndum y establecerá la fecha para llevarse a cabo, si la participación corresponde al 33 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal el resultado será vinculante.
El reducir la edad para votar a 16 años, fue desechado, luego de que la diputada del PAN, María Teresa Gómez Mont, argumentará que se caía en la inconstitucionalidad y la Constitución terminaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras que su compañero, Roberto Gil Zuarth, afirmó que este tema le corresponde al Congreso de la Unión, y calificó de clientelar rumbo a las elecciones del 2018 el apoyo del PRD a este asunto.
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El fondo de pensiones y ahorro para los trabajadores no asalariados fue rechazado con 52 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones, y con ello quedan desprotegidos comerciantes, mariachi, fotógrafos, plomeros, albañiles, entre otros.
La diputada por Morena, Bertha Luján y el vocero del PRD, Roberto López, dijeron que los trabajadores no asalariados deben tener certeza en sus derechos laborales pues ellos pagan impuestos.
Por ello, solicitaron al PRI y al PAN reconsiderar su posición respecto al tema, ya que no podemos permitir que "nos asusten con el petate del muerto, si nos ponemos a ver la cuestión de recursos antes de los derechos, entonces nuca habría derechos".
El derecho a una vida digna fue otro tema descartado, al no alcanzar la mayoría de votos en el pleno, además de que fue atrasado por legisladores del PAN, PVEM, PRI y Encuentro Social, debido a que abría paso a criminalizar la interrupción legal del embarazo.
"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de su existencia", se eliminó del texto constitucional.
Ante esto, el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Santiago Creel, aseguró que el objetivo de su partido no es criminalizar a las mujeres sino crear una cultura de la vida, y sugirió que se plasmará en el artículo octavo transitorio que todo lo referente al derecho a la vida será reconocido en la Constitución federal y tratados internacionales "con reservas y declaraciones interpretativas"; sin embargo, no progresó.
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También se estableció que el Consejo Judicial Ciudadano tendrá que presentar una terna al jefe de Gobierno para la elección de Fiscal General de Justicia, por lo que el primero deberá ratificar el Congreso los candidatos. Anteriormente, se avaló que fuera el Consejo quien presentará la terna al Congreso, sin pasar por consentimiento del ejecutivo local.
Por otra parte, se excluyó que los desarrollos inmobiliarios estarían obligados a la compensación y mitigación de impactos urbanos y ambientales, así como a contribuir a mejorar el equipamiento, infraestructura y espacio público de la ciudad, especialmente en sus zonas de influencia.
Además del derecho a aprovechar el espacio edificable de sus predios de acuerdo con los índices básicos que establezcan los programas en la materia de ordenamiento territorial.
Esta tarde se discutirán los tres artículos restantes, como la propuesta del panista Roberto Gil Zuarth de eliminar tres numerales del artículo 21, que hablan de especulación en suelo e inmuebles, determinación de gravámenes a la propiedad inmobiliaria y mecanismos para prevenir la exclusión y expulsión de residentes.
FLC