Olga Elizabeth Ojeda Mayoral renunció a su cargo como fiscal anticorrupción de Baja California a 40 días de tomar posesión del cargo, a través de una carta dirigida al presidente de la XXIII Legislatura del Congreso estatal, Víctor Manuel Morán Hernández.
En la misiva explicó que decidió presentar su renuncia irrevocable, debido a la falta de recursos para iniciar "desde cero" la Fiscalía.
"Al iniciar contactos con las autoridades que tendría que interactuar para echar andar desde cero la citada Fiscalía, me pude percatar que la situación patrimonial del estado de Baja California es precaria, lo cual impone un enorme reto en casos como este, en los que hay que proveer de todo lo necesario para levantar desde sus cimientos una institución tan noble.
"No quiero quedar mal con la confianza que me dispensó el gobernador del estado ni con el Poder Legislativo, motivo por el cual he decidido presentar mi renuncia irrevocable como Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción del Estado de Baja California y continuar apoyando desde otras trincheras", explicó en la misiva.
Destacó que acudió a pedir recursos económicos, pero sólo recibió "simpatías y promesas", además de que es agotador "reclutar a personal técnico y administrativo".
El 19 de diciembre de 2019, Ojeda Mayoral fue elegida por el pleno del Congreso del estado para ocupar el puesto los próximos 5 años.
El 31 de diciembre, al aprobarse la Ley de Egresos, se anunció que la Fiscalía Anticorrupción no tenía un presupuesto asignado para iniciar trabajos en 2020, porque debía de apoyarse en el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Unidad de Delitos Patrimoniales.
El objetivo de la fiscalía es investigar delitos cometidos por servidores públicos, en su caso, integrar las carpetas de investigación por las denuncias de corrupción presentadas en contra del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid y seis integrantes de su gabinete.
Una de las denuncias es por el quebranto patrimonial de mil 200 millones de pesos por el uso de facturas falsas en contratos fantasmas con empresas inexistentes.
LP / FLC