El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, mantiene 4 investigaciones abiertas sobre despachos jurídicos que presuntamente estarían alterando pagarés a personas que solicitan algún préstamo o artículo a crédito, misma que también incluye una indagatoria al interior del poder judicial para detectar posibles colusiones con su personal.
El Presidente del TSJEC, Miguel Felipe Mery Ayup, precisó que no es delito hacerse de la cartera vencida de cobranza, pero sí alterar un documento legal como es el caso de los pagarés, y se han detectado casos en que las personas no llenan los documentos correctamente y posteriormente les llegan los cobros por montos que no fueron los acordados.
“Los venden a algunos despachos y esos despachos en algunas ocasiones van y cobran lo que sí se debe, y en otras los adulteran porque no fue llenado correctamente o a lo mejor lo llenaron con una máquina”, explicó el magistrado.
Dijo que en los Juzgados Letrados de Coahuila, se tienen más de 6 mil asuntos al año, por pagarés menores de 50 mil pesos, y en el caso de Saltillo, se cuenta con dos juzgados de este tipo.
“En el caso de los Juzgados Letrados y Mercantiles, el 85 por ciento de los asuntos se trata de un pagaré, (por lo que) se puede tratar de un modo de operación fraudulenta de la gente que se está aprovechando”, expuso.
Insistió en que el tema ahora es que hay que comprobarlo, “tenemos que alertar a la ciudadanía, tenemos una investigación muy bien documentada en ciudades como Saltillo y Torreón, de despachos y áreas que se están dedicando a esto; cuando van y piden para salir de un apuro, es reprochable que se estén aprovechando, compran mucha cartera”.
Indicó que se tiene a jóvenes internos de investigación en la visitaduría del Poder Judicial para cada uno de los juzgados letrados, y se ha detectado que las víctimas son personas que piden dinero prestado y no llenan bien los pagarés; “eso se presta a que una persona abuse de su desconocimiento, lo llegan a pagar hasta 10 veces, lo alteran tremendamente, no tienen compasión ni piedad de la gente, este tipo de abusos convertirlo en legal es lo difícil”, y es por ello que se incluyó en la investigación la labor de los actuarios.
Las sanciones en caso de que se detecte responsabilidad son de inicio la destitución del funcionario público, pero también pueden llegar a ser de carácter penal, al iniciar un proceso disciplinario y además dar vista a las autoridades como el fiscal anticorrupción, “para que sí se certifica un delito en este sentido se pueda castigar al responsable”, apuntó Ayup.
También se estudia la posibilidad de ofrecer el apoyo de un perito a más bajo costo, que haga el análisis del pagaré para determinar si fue alterado o no, “en vez de pagar entre 5 y 8 mil pesos que cuesta un dictamen si un documento fue alterado también bajarle a efecto de que la gente pueda comprobar con el juez que ese pagaré fue alterado”.
El Poder Judicial iniciará en breve la campaña “ponte trucha”, mediante la cual se busca de una manera didáctica explicarle al ciudadano común qué debe observar y realizar al firmar un pagaré; “que lo ponga con número y letra, y que ningún espacio se quede vacío y acudan a nosotros a defensoría pública para asesorarse”.
Además de la investigación, Mery Ayup dijo que se está haciendo un llamado a las mueblerías y a las sociedades comerciales que prestan dinero a que no abusen de la gente.
“El tema es preocupante por la cantidad de pagarés que hay, por primera vez el poder judicial está fijándose en este problema social y está haciendo algo al respecto, es legal la compra de cartera, lo que no es legal es que se alteren documentos”, reiteró.
EGO