A casi cuatro meses del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la supervisión de las escuelas particulares en Tamaulipas vuelve a colocarse en la discusión legislativa. La muerte de la adolescente de 13 años durante un campamento de la Academia Doenitz, en Ciudad Madero, puso bajo escrutinio las condiciones en que operaban los planteles de formación militarizada, cuyo cierre se extendió a todo el país. Ahora, el Congreso Local revisa una iniciativa presentada desde marzo, que busca precisar los mecanismos de inspección y vigilancia de las instituciones educativas privadas en general.
Supervisión en escuelas privadas de Tamaulipas
Durante una sesión de comisiones, diputados locales revisaron la propuesta de la diputada morenista Blanca Aurelia Anzaldúa para reformar el artículo 135 de la Ley de Educación de Tamaulipas, con el propósito de establecer un procedimiento formal y verificable para las inspecciones a instituciones educativas particulares que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial.
La propuesta pretende que la autoridad educativa compruebe de manera sistemática el cumplimiento de las condiciones académicas, administrativas y normativas de estos planteles. Aunque la legislación vigente ya contempla acciones de vigilancia al menos una vez al año, la iniciativa plantea precisar cómo deben realizarse y documentarse esas visitas.
Vigilancia para garantizar calidad educativa en escuelas
La legisladora argumentó que la normativa actual carece de mecanismos específicos para verificar de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones de las escuelas particulares, situación que, a su juicio, genera espacios de discrecionalidad y limita la capacidad del Estado para garantizar la calidad educativa y los derechos de los estudiantes.
Entre las medidas planteadas se encuentran inspecciones formales mediante órdenes expedidas por la autoridad competente, la elaboración de actas con la participación de dos testigos, la posibilidad de que los particulares presenten documentación faltante en un plazo de cinco días hábiles y la aplicación de medidas correctivas cuando se detecten incumplimientos.
Aunque la iniciativa fue presentada antes del feminicidio de Dafne, su revisión legislativa ocurre después de que este caso pusiera bajo escrutinio las condiciones de operación de los planteles militarizados. Sin embargo, el cierre de esos centros no elimina la necesidad de supervisar al resto de las escuelas particulares, verificar sus permisos, sus condiciones de funcionamiento y las actividades que realizan con menores de edad.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes en las comisiones de Educación y Estudios Legislativos Segunda, que instruyeron elaborar el proyecto de dictamen. Todavía deberá continuar el proceso legislativo para su eventual aprobación por el Pleno.
AA