Escuelas reprueban en derechos humanos

El investigador Gabriel Granados asistió a una asamblea sobre el tema en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde sobresalió el problema de drogadicción en estudiantes.

El problema de segregación en niños 'problema' fue el principal tema.
Editorial Milenio
Torreón, Coahuila /

El profesor en educación básica e investigador Gabriel Granados, acudió al Congreso Nacional de Derechos Humanos que se realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana, para presentar una investigación sobre niños y adolescentes que cursan primaria y secundaria y donde se establece que en los planteles públicos de Torreón se vulneran sus derechos.

“En la educación básica los niños y los adolescentes tienen sus derechos humanos dentro del documento internacional que los avala y que es el de los derechos humanos de los niños y las niñas a nivel mundial", agregó.

"Pero hay una cuestión que es referente a la educación y México está respaldado el derecho a la educación a partir del Artículo 3° Constitucional pero dentro de las dinámicas escolares muchas veces este derecho se atropella por prácticas de las autoridades educativas o de las mismas escuelas”.

[OBJECT]El investigador dijo que en el reporte se informa sobre una serie de prejuicios que prevalece dentro del sistema de educación pública en Coahuila y en particular en Torreón, sobre los niños que presentan problemas de alcoholismo o drogadicción.

“La investigación es etnográfica, lleva más de tres años realizándose. Es cualitativa y damos cuenta a través de los testimonios de las personas que están inmiscuidas en la problemática, con documentos, evidencias, entrevistas a profundidad, tomando video y grabaciones de voz, como la labor que lleva a cabo un periodista, pero en el terreno de la investigación bajo una temática muy específica”.

Gabriel Granados dijo que el aspecto a salvaguardar es el derecho a la investigación, sin embargo a muchos menores se les restringe ante situaciones concretas como las riñas o al ser sorprendidos consumiendo o vendiendo drogas.

Aunque oficialmente no existe la posibilidad de expulsarlos, el investigador dijo que los menores son trasladados a otros planteles.

“Al moverlos de una escuela a otra, muchos padres de familia dentro de las instituciones vulnerables o con alta pobreza, ya no los inscriben en otra escuela, excluyéndolos del derecho a ser educados", finalizó.

rcm

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