César Jáuregui, exfiscal general de Chihuahua, defendió su inocencia ante el juez y rechazó los argumentos de la Fiscalía para solicitar que permanezca en prisión preventiva justificada, al asegurar que no existen pruebas que lo vinculen directamente con los hechos investigados.
En su última intervención durante la audiencia, sostuvo que, pese a los testimonios y datos de prueba presentados por el Ministerio Público, ninguno demuestra que haya dado instrucciones o participado directamente en las acciones relacionadas con la presencia de agentes extranjeros en un operativo antidrogas en la Sierra del Pinal.
Renuncia al cargo fue para permitir investigaciones, asegura
También cuestionó que se considere que existe riesgo de fuga por su trayectoria como funcionario público o por supuestas relaciones con autoridades de Estados Unidos.
Afirmó que no se presentaron elementos que acrediten esos vínculos y, como muestra de su compromiso para enfrentar el proceso, puso a disposición del tribunal sus documentos migratorios.
El exfiscal aseguró que ha colaborado con las autoridades y recordó que compareció cuando fue requerido para declarar sobre los hechos. Añadió que su renuncia al cargo no buscó evadir la justicia, sino permitir que las investigaciones siguieran su curso.
Exfiscal plantea posibilidad de enfrentar el proceso con otras condiciones
Sobre el riesgo de que pudiera influir en testigos, señaló que durante la audiencia no se expusieron pruebas que demostraran que hubiera amenazado o intentado presionar a alguna persona relacionada con el caso. También defendió su arraigo en Chihuahua, donde ha desarrollado su carrera profesional y política.
Jáuregui pidió que la decisión se tome con base en pruebas y no en suposiciones. Consideró que la prisión preventiva sería una medida excesiva y planteó que puede enfrentar el proceso bajo otras condiciones, como acudir periódicamente ante las autoridades, entregar una garantía económica o utilizar un brazalete electrónico.
Concluida su intervención, el juez deberá resolver si acepta la petición de la Fiscalía e impone la prisión preventiva justificada o si determina que existen otras medidas cautelares suficientes para garantizar que el exfuncionario permanezca sujeto al proceso.
ksh