Diputados y especialistas en derechos de las mujeres demandan extender protocolos para prevenir casos de violencia sexual también en hospitales federales como IMSS, Issste, Pemex, Semar y Sedena, y reforzar medidas para que en todos los nosocomios se active un blindaje institucional que garantice la protección de personal médico, estudiantes y pacientes.
Plantearon que es necesario que los nosocomios federales se sumen a los protocolos que, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Tamaulipas, ya existen en hospitales estatales, pero que aun así no lograron evitar los hechos denunciados recientemente en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria. Ante ello, urgieron a cerrar vacíos institucionales y asegurar medidas eficaces de prevención, denuncia y sanción ante cualquier forma de violencia sexual.
Proponen exhorto a instituciones de salud federales
Lucero Deosdady Martínez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, propuso una iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las instituciones de salud como IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, Pemex, Semar y Sedena, a implementar y difundir de manera permanente protocolos para la prevención, atención y sanción de delitos sexuales dentro de sus instalaciones.
La legisladora señaló que los hospitales deben contar con mecanismos claros de denuncia, acompañamiento a las víctimas y sanciones efectivas, además de reforzar los sistemas de vigilancia y protección tanto para el personal médico como para las personas usuarias de los servicios de salud.
Buscan informes sobre acciones de prevención
La iniciativa plantea además que el Congreso del Estado solicite a las autoridades federales y estatales informar sobre las acciones que actualmente existen para prevenir este tipo de conductas y las medidas que se implementarán para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en hospitales de la entidad.
Con esta propuesta, se busca que los hospitales no solo cuenten con protocolos en papel, sino que existan mecanismos efectivos de prevención, denuncia y sanción que garanticen entornos seguros para el personal médico, estudiantes y pacientes. Se advirtió que los recientes hechos denunciados evidencian la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional y evitar que la violencia sexual quede impune.
Y es que, el Estado mexicano, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está obligado a garantizar la seguridad, integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, particularmente en los espacios laborales y profesionales.
Caso en Ciudad Victoria evidencia fallas institucionales
“Los hechos denunciados recientemente en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, donde dos médicas residentes fueron víctimas de violencia sexual, constituyen una transgresión de extrema gravedad. Este acto vulnera no solo su integridad física y psicológica, sino que también afecta el orden público y erosiona la confianza de la sociedad en nuestras instituciones encargadas de brindar atención y protección a la salud”, dijo Lucero Deosdady Martínez en su exposición de motivos.
A ello se suma, agregó, la preocupación generada por la denuncia pública que apunta a una posible omisión y falta de respaldo por parte de la directiva del hospital. “Cuando las instituciones actúan con omisión frente a casos de violencia de género, dicha conducta puede traducirse en una forma de violencia institucional que profundiza la revictimización y propicia condiciones de impunidad de los responsables”.
Considera que, frente a esta realidad, como legisladores tienen la responsabilidad de garantizar que los espacios destinados a curar, cuidar y proteger la vida, no se conviertan en entornos de riesgo para las mujeres profesionales de la salud, sino en ámbitos seguros donde puedan ejercer su labor con dignidad, protección y pleno respeto de sus derechos.
Por su parte, la abogada Gabriela Ibarra, especialista en problemáticas del género, coincidió en la necesidad de implementar protocolos, pero con alcances reales y verificables, y subrayó que el caso de las médicas residentes en Ciudad Victoria debe sentar un precedente que obligue a toda la red hospitalaria a fortalecer las medidas de prevención y garantizar espacios seguros para quienes laboran y reciben atención médica.
Agregó que las instituciones de salud tienen la responsabilidad de actuar con debida diligencia ante cualquier denuncia y evitar omisiones que puedan derivar en violencia institucional o revictimización. “Los hospitales deben ser espacios de confianza y protección, no lugares donde las mujeres se sientan vulnerables”, concluyó.
SJHN