La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó la trama de extorsión que operaba contra propietarios de verificentros con el objetivo de reunir 430 millones de pesos adicionales para antes de noviembre de este año.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el esquema de operaciones consistía en cuotas mensuales, pagos retroactivos y exigencias de 200 mil y 500 mil pesos por cada línea de verificación.
La indagatoria señala que todo comenzó con la demanda de 200 mil pesos mensuales por cada verificentro, incluso cuando los establecimientos contaban con sus documentos en regla. Después el cobro escaló a 500 mil pesos por línea para cubrir supuestas revalidaciones de funcionamiento.
La fiscalía reveló los detalles sobre esta red tras la vinculación a proceso de Raúl N y Carlos Eduardo N, exfuncionarios de la Secretaría de Medio Ambiente, por su probable participación en esa estructura. El primero, por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad.
Entre los mecanismos que la fiscalía investiga se encuentran los cobros mensuales, pagos “retroactivos”, bloqueos de los sistemas de operación, restricciones para obtener hologramas y presiones para entregar porcentajes de empresas.
De acuerdo con las pesquisas, el esquema operaba al menos desde diciembre de 2023 y presuntamente involucraba a servidores públicos en activo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, exfuncionarios y particulares con facultades o vínculos relacionados con la autorización, revalidación y funcionamiento de los Centros de Verificación Vehicular.
Cuotas mensuales
El expediente señala que el 23 de diciembre de 2023, Raúl N, quien se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, convocó a propietarios, encargados y representantes legales de diversos verificentros a una reunión para imponer una nueva condición para los establecimientos: pagar 200 mil pesos mensuales para continuar operando, pese a contar con la documentación requerida.
Ante el temor de perder sus revalidaciones, sufrir bloqueos o quedarse sin hologramas, algunos concesionarios aceptaron las cuotas de 30 mil y 100 mil pesos, determinadas de acuerdo con el número de verificaciones realizadas por cada centro.
En febrero de 2024, la exigencia aumentó con un cobro denominado “retroactivo”, de 162 mil 500 pesos por cada verificentro, bajo el argumento de que podían operar sin problemas durante los últimos meses. Sin embargo, el esquema alcanzó una mayor dimensión económica en 2026.
En el Estado de México existen 163 verificentros y 878 líneas de verificación en operación, señala el directorio de la Secretaría de Medio Ambiente.
De acuerdo con esos datos, si el cobro de 500 mil pesos se hubiera aplicado a las 878 líneas, el monto habría ascendido a 439 millones de pesos, cantidad que coincide con los 430 millones de pesos adicionales que, según la fiscalía, la estructura pretendía reunir antes de noviembre de este año.
La cifra permite dimensionar el alcance económico que los investigadores atribuyen al presunto esquema: sólo esa exigencia por las líneas de verificación habría representado una cantidad cercana a la bolsa que la estructura buscaba obtener.
Asimismo, en la carpeta de investigación se tienen testimonios de que algunos concesionarios habrían sido presionados para entregar porcentajes de sus empresas después de enfrentar obstáculos en los procesos de revalidación de estos centros.
Los pagos presuntamente se realizaban en efectivo en oficinas privadas de Bosques de las Lomas y domicilios de Cuajimalpa, en Ciudad de México.
Además, las autoridades documentaron amenazas contra algunos propietarios y a sus familias.
El sistema de verificación
La fiscalía también investiga el presunto uso del Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular, herramienta que permite supervisar de manera remota y en tiempo real las emisiones de los autos y las actividades de los verificentros.
Aunque el sistema cuenta con mecanismos de seguridad para detectar irregularidades, la fiscalía sostiene que su operación dependía de personal con acceso al Centro de Control de la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que habría sido utilizado para bloquear establecimientos como parte de las presuntas prácticas ilícitas.
Los cierres podían durar horas, días o meses y estar acompañados de procesos administrativos.
Entre las presuntas irregularidades utilizadas para justificar las restricciones se encontraban logotipos despintados, equipos de cómputo sin actualizar o diferencias entre la inspección de un vehículo y las imágenes captadas por las cámaras.
La entrega de hologramas también habría sido utilizada como mecanismo de presión. Cuando los establecimientos agotaban la cantidad autorizada por la autoridad ambiental, podían quedarse sin posibilidad de continuar con el servicio hasta obtener más engomados.
Según las indagatorias, en algunos casos la entrega de hologramas habría estado condicionada al pago de cuotas.
Aseguran cinco centros
Como parte de las investigaciones, entre el 10 y 14 de agosto la fiscalía estatal aseguró cinco Centros de Verificación Vehicular, dos se encuentran en Nezahualcóyotl y los demás en Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla.
También cateó oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente estatal ubicadas en Tlalnepantla y Metepec, donde fueron asegurados diversos indicios.
Raúl N y Carlos Eduardo N fueron detenidos el 10 de agosto por elementos de la fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Ambos permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.
La fiscalía informó que las investigaciones continúan.