Tras el secuestro de 4 trabajadores, cuyos patrones se negaron a pagar "derecho de piso" a un grupo delictivo, las extorsiones a comerciantes de pollo en el municipio de Toluca cobraron relevancia mediática, sin embargo, este problema no es nuevo en la capital mexiquense y las autoridades lo saben. En 2020, en plena pandemia, el problema se destapó con la detención de siete personas relacionadas con este delito en Toluca y Metepec.
Si bien las extorsiones del crimen organizado existen desde hace muchos años, la problemática en el Estado de México se acentuaba en la zona sur, pero poco a poco comenzó a expandirse al Valle de Toluca y los comerciantes de pollo se convirtieron en unas de las principales víctimas, a quienes ahora les exigen comprar el producto a un solo proveedor a precios exagerados, o bien, pagar un porcentaje de sus ventas.
Esto quedó evidenciado el 24 de noviembre de 2020, cuando la entidad mexiquense se encontraba en contingencia sanitaria por covid-19, luego de que elementos de seguridad detuvieron a siete personas que previamente habían amenazado a comerciantes de pollo para que compraran a un proveedor a cambio de dejarlos trabajar y no hacerles daño.
Estos individuos se ostentaron como miembros de una organización criminal y dejaron papeles con el número telefónico al que tenían que llamar y hacer sus pedidos; no obstante, algunos comerciantes decidieron denunciar y así fue como capturaron a estas personas en una camioneta cargada con pollo que pretendían distribuir en las pollerías.
En ese entonces, los comerciantes se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para exigir justicia y un alto a las extorsiones, ya que desde hace tiempo estaban siendo víctimas en San Juan Tilapa, Capultitlán, San Felipe Tlalmimilolpan, Tlacotepec y Seminario, donde incluso cerraron los negocios por un tiempo, ante el temor a las represalias.
Sin embargo, aunque desde ese entonces se destapó el problema, la situación no mejoró y las extorsiones continuaron, tal es el caso de los cuatro trabajadores de un rastro e pollo en la colonia Parques Nacionales, de la capital mexiquense, que fueron privados de su libertad, debido a que los dueños no quisieron continuar pagando “derecho de piso” y cuyo paradero hasta el momento es desconocido.
RARR