Extracciones para el NAICD, devastan regiones del Edomex

Un grupo de empresas proveedoras de materiales está deshaciendo zonas ecológicas a pesar de la expresa oposición de los pobladores, denuncian. 

Como único fin el lucro.
Alejandra Gudiño
Tezoyuca /

Al menos 25 minas en la zona del Valle de México son explotadas sin permiso, y han puesto en riesgo a miles de familias que habitan en poblados de los municipios de la zona nororiente de la entidad.

Ante la destrucción del entorno ecológico, riesgos para casas habitación que se encuentran en "voladeros", como es el caso de Temascalapa, los pobladores se han integrado en un "Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Identidad y la Vida (FPDTIV)" y demandan al gobierno, en sus tres órdenes, paren las excavaciones que se hacen a diario y la destrucción de caminos en al menos una decena de comunas cercanas a la zona donde se construye el NAICM.

En entrevista por separado, integrantes del FPDTIV de los municipios de Nopaltepec, Acolman, Temascalapa, Tezoyuca y San Martín de las Pirámides, coincidieron en señalar que la extracción de materiales pétreos de los cerros que existen en el Valle de Texcoco se ha hecho de forma indiscriminada, sin permisos que avalen la explotación y mucho menos el ecocidio y daño irreparable al medio ambiente, a la flora y fauna de los sitios en donde trabajan las empresas que surten a las empresas que edifican el NAICM.

Consultados sobre si las empresas que extraen los materiales y las trasladan a la construcción han hecho paros por la falta de pagos, advirtieron que en algunos municipios se han frenado de manera momentánea los trabajos, pero por la presión que han ejercido los habitantes afectados por las explosiones en las que se utiliza dinamita y por la destrucción de los caminos ejidales y comunitarios que atraviesan a diario cientos de camiones tipo góndola que son los encargados de transportar tepetate, piedra, arena y todo lo que sacan de las minas.

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Los labriegos y habitantes de esta región dijeron a Milenio Estado de México que a pesar de que muchos de los cerros en donde se hace la explotación son de propiedad federal, algunos de éstos con restricciones por ser zonas de reserva ecológica, o como en el caso de Temascalapa, comunidad de El Saltito, donde hay al menos un centenar de familias con casas que ya se encuentran en un "voladero", las autoridades municipales nada han hecho por salvaguardar la integridad física de las personas y de sus propiedades.

"Las autoridades se echan la bolita, unos a otros, y no resuelven la problemática, lo que nos ha llevado a tomar acciones de resistencia, como el bloqueo de caminos, así como estar atentos para impedir el paso de las góndolas y los trabajos de extracción", comentaron los representantes de Temascalapa, San Martín de las Pirámides y Tezoyuca.

En el caso de Nopaltepec, el cerro que está siendo explotado y que abarca hasta el perímetro de Axapusco, es el de San Miguel Atepoxco, con daños a los poblados de Santa Cruz Alampa, San Antonio Axapusco y Tezoncalli; en este lugar la Propaem clausuró la mina a petición de los vecinos, pero al paso de unos días los trabajadores retiraron sellos y volvieron a la explotación que hacen de madrugada principalmente.

En Acolman, la explotación de materiales se hace en Xometla y San Pedro Tepetitlán por parte del "magnate" y "aparente" propietario de varios terrenos, José René Martínez Moncayo, quien instruyó a los integrantes de su bufete jurídico a presentar denuncias en contra de los activistas en el municipio de Tezoyuca, quienes defienden el cerro "el Pezoyo", mismo que por decreto en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de junio de 1966, únicamente debió haber sido explotado para abastecer de materiales a la construcción de la obra de la autopista Peñón-Texcoco, y pese a ello se sigue extrayendo.

Finalmente, en el municipio de San Martín de las Pirámides, en la comunidad de Ixtlahuaca, los habitantes están alertas para evitar la explotación de los terrenos de un rancho denominado "San Antonio de las Palmas", del cual se apoderaron dos personas, una de ellas de nombre Ignacio, quien dice ser sobrino del propietario y finado, Manuel Hernández, y su abogado, Miguel Gómez Santiago, quienes permitieron que particulares iniciaran la explotación de esta tierra con el presunto aval de los habitantes de la zona.

LC

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