La Fiscalía General de la República (FGR) logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, la cual comenzó a operar a través de Ingemar, empresa fundada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, la cual registró ingresos por flujos superiores a los 3 mil 075 millones de pesos en cuentas nacionales y operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que en esta trama delictiva están involucradas diversas empresas y personal de aduanas, por lo que solicitaron a un juez federal 25 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado cuatro, entre ellas, la del exmandatario panista.
Transporte ferroviario y sin controles aduaneros, el modus operandi de la red de huachicol fiscal
En un mensaje a medios, Godoy aseguró que la supuesta organización criminal utilizaba carros tanque de ferrocarril para desarrollar sus operaciones.
"La investigación nos permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto 'N', quien fue aprehendido en Ensenada, Baja California.
"Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo; sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los que efectivamente estaban transportando".
Explicó que el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.
Ernestina Godoy dijo que la investigación les ha permitido conocer que la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. El combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal.
Narró que, sin contar con los permisos correspondientes de la autoridad reguladora del sector energético, el producto era descargado en pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas diferentes.
Después, estas empresas se encargaban de vender y distribuir el combustible en distintas regiones del país.
"La reconstrucción de esta ruta logística fue posible gracias al análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial. Este trabajo permitió identificar el trayecto completo del combustible, desde su ingreso al país hasta su distribución fina".
Destacó que, como resultado de una primera acción operativa, se generó una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada. Además, se desarticuló uno de sus principales centros de operación y se localizaron decenas de carro-tanque de ferrocarril en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
???? #AlMomento | “Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil”: Ernestina Godoy, titular de la FGR, ofrece conferencia de prensa sobre la red de huachicol ligada a Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California.
— Milenio (@Milenio) July 17, 2026
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Daño al fisco
Añadió que las investigaciones revelaron, además, un perjuicio millonario al fisco derivado de la declaración irregular de hidrocarburos y de la omisión en el pago de impuestos, ya que se determinó que alrededor de 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades.
De igual manera, se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.
"Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos. A ello se suman 18 millones 289 mil 304 pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado, IVA. En conjunto, el posible daño causado a la Hacienda Pública por estos impuestos asciende a 106 millones 800 mil 821 pesos".
La pesquisa también evidenció diferencias significativas entre los volúmenes autorizados para importar combustible y las cantidades que realmente ingresaron al país. En el caso del diésel, se detectó la importación de volúmenes equivalentes a más de 10 veces lo autorizado. Respecto de la gasolina regular, las empresas involucradas introdujeron más de tres veces y media el volumen permitido.
Godoy Ramos señaló que, derivado de un análisis financiero, se identificaron patrones de operación incompatibles con la actividad económica reportada por las empresas y se revelaron los mecanismos utilizados para administrar, movilizar y dispersar los recursos derivados de estas actividades.
"Como resultado de este análisis, se identificaron movimientos por más de 3 mil 075 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares".
Los recursos, abundó, eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos.
"Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus beneficiarios finales".
Además, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas, entre enero y julio de 2025, detectaron que la organización investigada habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.
"El análisis de dichas operaciones permitió estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes".
Más de 400 personas a proceso
Resaltó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, han llevado a proceso a 407 personas, relacionadas con enormes redes de contrabando de combustible, que operaban tanto por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Entre las personas investigadas se encuentran socios de las empresas que presuntamente forman parte de la red, operadores logísticos y servidores públicos como agentes aduanales y personal autorizado.
Las acciones se llevaron a cabo en los estados de Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
ksh