En conferencia de prensa, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aclaró que tanto los ministerios públicos como los peritos del Instituto de Ciencias Forenses cumplieron con su labor al presentar las evidencias correspondientes, las cuales señalaban al ex diputado Juan Vera Carrizal como el principal autor intelectual del ataque contra la saxofonista María Elena Ríos.
Sin embargo, acusó al juez encargado del caso de haber eliminado de manera "ilegal" pruebas cruciales que habrían permitido la excarcelación del imputado, lo que generó rechazo por parte de la Fiscalía, diversas organizaciones y hasta del gobernador de Oaxaca.
El fiscal detalló que entre las más de 300 pruebas presentadas se encuentra un dictamen forense que confirma el uso de ácido sulfúrico contra Ríos, además de registros de llamadas que vinculan a Vera Carrizal con los autores materiales del ataque.
Asimismo, se identificó un pago de 30 mil pesos realizado a uno de los agresores, evidencia que califica el delito como tentativa de feminicidio con agravantes, al utilizarse sustancias químicas peligrosas.
"En la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador se exhibió el caso, y se dijo de la actuación del juez, y yo lo que he mencionado es justamente eso, nuestro tema y todo lo que se ha seguido en el caso de María Elena en el caso específico de este juez que no le dio valor probatorio a varias pruebas que presentamos y son contundentes".
"Una de ellas es el ácido que se le rocío a la víctima y que le produce quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo quemaduras que pusieron en riesgo su vida, para él, el juez no significa una tentativa de feminicidio, pero para la Fiscalía sí lo es".
"También pruebas donde se acreditaban las llamadas telefónicas que hubo antes, durante y después que para nosotros son contundentes en términos de la responsabilidad tampoco las asumió el juez como evidencia o valor de responsabilidad".
Rodríguez Alamilla subrayó que el trabajo de la Fiscalía se ha basado en la ciencia forense y criminal, y que todas las pruebas presentadas están certificadas.
Estas evidencias fueron desechadas por el juez, lo que llevó a la Fiscalía a apelar la resolución. El Tribunal aceptó la apelación y dejó sin efecto la liberación de los implicados, permitiendo que se reinicie el juicio con una revisión exhaustiva de las pruebas.
"Nuestras pruebas no son dichos, ni chismes, está basado en ciencia forense y criminal y por ello deben ser tomados en cuenta y no desechados de forma irregular', considero.
Defensa de Vera Carrizal cuestiona la actuación judicial
Por otro lado, la defensa de Juan Vera Carrizal, encabezada por los abogados Ernesto Pacheco Castellanos y Edgar López García, cuestionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca de mantener a su cliente en prisión.
Argumentan que la excarcelación previamente otorgada por el juez local fue un acto de justicia basado en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los defensores aseguran que la Fiscalía no logró demostrar de manera concluyente el tipo de sustancia utilizada en el ataque y cuestionaron la veracidad de los dictámenes forenses.
Además, la defensa acusa que la reciente revocación de la liberación de Vera Carrizal es una decisión "política" que busca proteger la imagen del Tribunal, sacrificando la justicia real.
Anunciaron que continuarán luchando por la liberación de su cliente, incluso con la ayuda de más litigantes y el respaldo de varias barras de abogados.
Respaldo a Ríos
Cinthya Almazán, abogada de María Elena Ríos, se mostró satisfecha con la reciente decisión del Tribunal, que dejó sin efecto la liberación de Vera Carrizal.
Almazán manifestó que, por primera vez en mucho tiempo, ve la posibilidad de que se emita una sentencia justa y que se haga justicia en favor de su cliente.
La abogada subrayó que la Fiscalía trabajó diligentemente para presentar todas las pruebas necesarias y confía en que el próximo juicio sea imparcial.
En apoyo a estas acciones, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que investigue los ingresos y cuentas bancarias del juez José Gabriel Ramírez Montaño.
Esta solicitud surge tras acusaciones de corrupción que señalan que el juez podría haber recibido sobornos para emitir un fallo favorable a Vera Carrizal.
Organizaciones civiles también denunciaron públicamente que el juez recibió 25 millones de pesos en sobornos para liberar al exdiputado, lo que ha generado indignación en la sociedad oaxaqueña.
MO