El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, afirmó por segunda vez que no firmará ninguna ley ni decreto que le sea remitido por el Congreso del Estado, en tanto se pronuncie el Poder Judicial sobre el problema que hay en el Poder Legislativo y se integre de manera legítima.
Luego que 12 diputados Morena y una del PT destituyeran por segunda ocasión a un ocho de sus compañeros en un juicio político, el mandatario estatal calificó de lamentables, inéditas y antidemocráticas las acciones de los legisladores.
Señaló que los diputados están buscando que el Congreso local “sea la caja de resonancia para estar golpeando a sus rivales y a sus adversarios políticos, comenzando conmigo, ahora que viene el año electoral”.
“La destitución por segunda vez de diputados de oposición, es un hecho que molesta, causa extrañeza y no habla bien del actuar de la institución legislativa en la entidad”, precisó el mandatario estatal.
Anticipó que proyectos tan importantes, como la desaladora de Los Cabos, se detendrán porque no existen los elementos jurídicos necesarios que validen la aprobación de la participación de ese ayuntamiento y del gobierno del estado en el mismo.
Señaló que los diputados de la mayoría deben entender que los asuntos políticos “no se manejan por capricho, porque es la segunda ocasión que intentan borrar literalmente a la oposición de un plumazo”.
Precisó que no han explicado por qué desacataron la orden de un Juez federal de no ejecutar sentencia de juicio político contra la oposición y por qué no acataron el mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya una vez les dijo que los diputados que deben estar en el Congreso son los legítimamente electos.
“El grupo mayoritario dijo que no tenían conocimiento del amparo que había concedido la juez de distrito de Baja California Sur; pero quienes siguieron el juicio político del sábado (22 de agosto) vía online, se pueden dar cuenta que todos los diputados de oposición hicieron alusión a esa suspensión, a los ojos del público, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo y aun así procedieron”, expresó.“Dejar pasar esto, sería un antecedente muy grave para la democracia y para el Estado de Derecho, no solo en Baja California Sur sino en el país”, afirmó.
Confió que la SCJN resolverá en favor de la prevalencia del estado de derecho y la legalidad porque ya lo hizo en una ocasión cuando hace unos meses instruyó que se restituyeran a los diputados que habían sido expulsados, pero “no confío es que los diputados de la mayoría ficticia hagan caso de las determinaciones del Poder Judicial”.
RLO