En el último año de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, los policías estatales solo tenían la mitad de las prestaciones laborales mínimas con que deben contar las corporaciones de seguridad, señaló un informe del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores.
“Los elementos policiales han tenido un trato diferente al de otros servidores públicos en materia de prestaciones laborales; en 2022 solo cuatro entidades federativas les otorgaron las seis prestaciones mínimas a por lo menos el 50% de sus elementos”, indicó el reporte.
Ese año, en Tamaulipas solo les otorgaron seguro de vida, apoyo para los familiares de elementos fallecidos en ejercicio de sus funciones y servicio médico dentro de las instalaciones. Les faltaron becas escolares para sus hijos, créditos para la vivienda y fondo de ahorro para el retiro.
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Estados donde se respetaron las prestaciones
El estado fue el número 20 de la tabla nacional, donde los únicos que cumplieron al 100% fueron Guerrero, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, que brindaron las seis prestaciones conforme al Modelo Óptimo de la Función Policial, aprobado el 30 de agosto de 2017 por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para fortalecer las policías preventivas en las entidades.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de ese año, el modelo establece que los gobiernos estatales obligatoriamente deben proporcionar dichas prestaciones a sus policías para garantizarles estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo.
Prestaciones en Estados
Morelos, Puebla, Querétaro y Sonora otorgaron cinco de las seis prestaciones laborales estipuladas; seguidos de Aguascalientes, Baja California Sur, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas con cuatro; Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Oaxaca Tabasco y Tamaulipas con tres.
Baja California, Campeche, Guanajuato y Nayarit les proporcionaron dos; mientras Chiapas, Chihuahua, Estado de México y Quintana Roo solo una. Por otra parte, Hidalgo, Sinaloa y Tlaxcala, aunque otorgaron algunas, fue a menos del 50% de su personal, así que aparecen con cero prestaciones.
Los policías tamaulipecos se encontraban adscritos en un 95% al Issste como institución de seguridad social y en un 5% a “otra institución”. El informe subraya que, en México, el régimen laboral de los elementos de seguridad es una relación administrativa y no laboral ordinaria, como la de otros servidores públicos.
Añade que, como consecuencia de ello, la regulación de sus prestaciones se encuentra dispersa en varias normas y no son homogéneas entre gobierno federal, estatal y municipal, tampoco entre las entidades federativas.
“En las LXIV y LXV legislaturas del Senado de la República se han presentado 10 iniciativas orientadas a reconocer y otorgar mayores prestaciones laborales a los elementos policiales a partir de diversos mecanismos”.
A partir de lo anterior, las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos elaboraron y aprobaron un dictamen por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de derechos de los integrantes de instituciones de seguridad.
Propone establecer una serie de beneficios para dicho personal, empezando por las prestaciones de rigor y que los estados también legislen sobre el tema. Posteriormente, el 21 de marzo de 2024 se aprobó por unanimidad el dictamen referido en el pleno del Senado y se remitió a la Cámara de Diputados para que lleve a cabo su función como cámara revisora.
El informe del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores fue publicado en su página web el 7 de junio del presente año.
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SJHN