Las activistas Micaela Cabañas Ayala y Diana Itzel Hernández, hijas de Lucio Cabañas y Ranferi Hernández Acevedo, respaldaron la propuesta de quitar el nombre de gobernantes con perfil de “represores” a calles, avenidas, escuelas y parques del estado de Guerrero.
En Chilpancingo, las dirigentes sociales hablaron sobre la propuesta de la diputada Marisol Bazán Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en el sentido de retirar de las nomenclaturas institucionales los nombres de perpetradores de crímenes cometidos en contra de la sociedad, como la Guerra Sucia de los 70's, la masacre de Aguas Blancas, El Charco y los ataques perpetrados en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Piden apoyo de la población para detectar nombres en otros espacios públicos
Dijeron que dicho planteamiento se complementa con uno que ellas impulsan desde hace un año, cuando se desarrolló de manera oficial un homenaje luctuoso al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, a quien relacionan con la desaparición de más de 600 personas, en actos cometidos durante la denominada Guerra Sucia.
Dijeron que es importante que dicha propuesta impulsada por la diputada Bazán sea respaldada por sus compañeros diputados, pero también manifestaron que en el tema se debe involucrar la población.
“Nosotros pedimos la colaboración del pueblo en general, para hacer la revisión de todos los espacios donde se encuentren los nombres de los perpetradores y que se borren”, exhortaron.
Destacaron la existencia de un documento a punto de ponerse a consideración del Congreso, por lo que reiteraron que las familias de las víctimas demandan justicia.
Manifestaron que hasta el momento no han dialogado con la diputada Bazán, pero reconocieron que su postura concuerda con lo planteado por ellas hace un año con la propuesta de modificación al calendario cívico, para que los nombres de los perpetradores salgan, por lo que esperan una respuesta positiva, tanto en el Poder Legislativo como en la sociedad en general.
Administraciones donde se han violado derechos humanos en Guerrero
Entre los casos que servirían como referencia se encuentra el del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuya administración de tres años quedó marcada por la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, cuando policías estatales asesinaron a 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez.
La gravedad del caso llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a determinar que en los acontecimientos de Aguas Blancas existió una violación grave de garantías individuales y señaló como responsables, entre otros funcionarios, al entonces gobernador Figueroa Alcocer y a varios integrantes de su administración.
Otro suceso que forma parte de esta memoria es la masacre de El Charco, ocurrida el 7 de junio de 1998 en el municipio de Ayutla de los Libres, durante el gobierno interino de Ángel Aguirre Rivero.
Un operativo militar en la comunidad dejó 11 personas muertas y, posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó graves violaciones a los derechos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que participaron en el operativo y en actuaciones posteriores.
Aunque la responsabilidad institucional de los hechos de El Charco corresponde a los elementos y autoridades que participaron directamente en el operativo, el episodio ocurrió durante la administración de Aguirre Rivero, quien había asumido la gubernatura después de la salida de Figueroa Alcocer.
La trayectoria posterior de Aguirre volvió a quedar bajo escrutinio por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvo y posteriormente un juez federal le impuso prisión preventiva por acusaciones relacionadas con desaparición forzada y ocultamiento de evidencia del caso de los 43 estudiantes normalistas.
ksh