El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwid Marcial Reynoso Núñez, rechazó que la actual administración estatal le haya retirado las medidas cautelares a Bruno Plácido Valerio, quien fue asesinado el martes en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.
Además, precisó que la camioneta blindada que utilizaba el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) permanece en un taller mecánico, sujeta a trabajos de reparación.
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La mañana del miércoles, Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno y vocero del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, reprochó que el gobierno de Guerrero le haya retirado la escolta y un vehículo blindado al líder de la UPOEG.
Ese hecho, manifestó que facilitó las cosas al grupo delictivo que ordenó el atentado, al que identificó como “Los Ardillos”.
La tarde del jueves, en el funeral realizado en Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, Gonzalo Torres Valencia, uno de los oradores que dieron el último adiós a Placido Valerio retomó dicho reclamo, para luego advertir que la UPOEG no va a desmantelarse.
“En esta administración no le retiramos nada, si tuvo medidas cautelares fue en otro momento, en este gobierno no las tenía”, señaló el responsable de la política interna.
Respecto al vehículo blindado, aseguró que el propio Plácido Valerio lo entregó al gobierno para que se le pudiera reparar, por lo que dicha unidad se encuentra en un taller.
“La verdad es que tenía bastante que no utilizaba esa unidad”, indicó.
A pregunta expresa, señaló que el también fundador de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, en realidad nunca solicitó la asignación de otro vehículo blindado.
Agregó que si bien ese es un tema que genera polémica, el gobierno de Guerrero siempre ha tratado de apoyar a quienes tienen alguna amenaza.
Pero consideró importante reiterar: “Se ha estado manejando esa versión pero no es así; en este gobierno no se le retiraron las medidas cautelares”.
Agregó que la administración actual tenía una comunicación constante y fluida con Bruno, lo que permitió agilizar algunos trabajos de gestoría y en su momento, hablar sobre la pertinencia de que la UPOEG entrara en un proceso de depuración de su Policía Ciudadana, pues aceptaba que en algunos municipios de la Costa Chica y en la zona rural de Acapulco, el crimen organizado había comenzado a infiltrarse.
En las reuniones que llegaron a sostener, indicó que Bruno nunca habló de tener amenazas recientes, aunque se sabía que desde 2013, cuando irrumpió la autodefensa armada en la Costa Chica sí recibió varios mensajes con la intención de amedrentarlo.
Reynoso Núñez comentó que a pesar del crimen, el contacto con la UPOEG no se ha roto, pero se está a la espera de que pase un periodo de duelo para retomar la comunicación y los proyectos que estaban caminando.
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HCM