La diputada local por Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para regular las manifestaciones en la vía pública en Guerrero.
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La legisladora presentó ante el Pleno una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.
Afirmó que las manifestaciones públicas son "un derecho humano legítimo", pero que no se encuentra reconocido "literalmente" en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"No existe un artículo que diga que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente", dijo.
Pero apuntó que hay dos artículos en la Carta Magna en los que se deja de manifiesto el derecho a la protesta pública: el sexto, referente a la libertad de expresión y el noveno, sobre el derecho de reunión.
"Se transgreden derechos a terceros"
García Guillén sostuvo que la protesta pública "debe realizarse en armonía con la vida en sociedad y no puede perturbar el desarrollo normal de la vida diaria".
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Insistió que "En ningún momento la Constitución reconoció que ese derecho pueda pasar por encima del correcto desarrollo de la vida diaria".
Agregó que "la experiencia nos ha hecho ver que se producen excesos que hacen que nos preocupemos de la manera en que se llevan a cabo las protestas, de sus consecuencias y de la frecuencia con que se realizan".
Señaló que muchas de las manifestaciones públicas se convierten en "verdaderos bloqueos a la circulación peatonal o vial".
En esas circunstancias, dijo que "se transgreden derechos de terceros", entre ellos el de libre tránsito que marca el artículo 11 de la Carta Magna.
Por ello, García Guillén propuso adicionar en la Ley de Transporte y Vialidad de Guerrero un artículo correspondiente a las manifestaciones públicas en la vialidad, con el objetivo de establecer reglas que brinden facilidades y medidas de seguridad.
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También se asignaría competencia a la Secretaría General de Gobierno para que informe a la población, a través de los medios masivos de comunicación, sobre las manifestaciones, actos o circunstancias que alteren de manera transitoria o permanente las vialidades.
La legisladora aclaró que su propuesta no tiene el objetivo de censurar o prohibir las manifestaciones públicas, sino facilitar su correcto ejercicio y proteger los derechos de terceros y de todos los ciudadanos.
La iniciativa de decreto fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Transporte para su análisis y dictaminación.
OMZI