El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández calificó como una “mala señal” la designación de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), si se toma en cuenta que Guerrero es un estado históricamente agraviado por las fuerzas castrenses.
Vía telefónica, Barrera Hernández comentó que al seno de las organizaciones sociales existe mucha preocupación por la información que fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Flor Añorve Ocampo, en el sentido de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ya había notificado la designación de la nueva titular de la FGE.
“La verdad estamos muy preocupados porque se está impulsando la militarización de las instancias propias, donde tiene que haber un representante de la sociedad civil”, anotó.
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Dijo que lo que se observa es una tendencia a militarizar las áreas encargadas de la atención al tema de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Recordó que en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya está al frente un mando de la Marina Armada, en tanto que ahora se designa en la FGE a un mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Si bien reconoce que hay “un buen detalle” en el hecho de nombrar a una mujer, lo que no se puede dejar de observar es la formación de la nueva fiscal en las filas del Ejército Mexicano.
“Preocupa porque en Guerrero las víctimas han sido familias, muchas de ellas completas que han padecido los estragos de la militarización en décadas pasadas”, señaló.
Consideró importante recordar el capítulo representado por la Guerra Sucia de los años setentas, que dejó un saldo de más de 600 personas desaparecidas así como un número no determinado de asesinados, encarcelados y víctimas de tortura.
Entre otros casos, recordó la masacre de los 11 indígenas mixtecos en la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1997, en el municipio de Ayutla de los Libres, incluso, la masacre de la alameda Granados Maldonado, el 30 de diciembre de 1960, en Chilpancingo.
Recordó que depositar la FGE en manos de un perfil militar difícilmente generará confianza en la sociedad, menos en las familias de las víctimas, y por esa razón es que perciben en el nombramiento una muy “mala señal”.
Para Barrera Hernández, la tendencia hacia la militarización en el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia, representa una gran contradicción por parte del régimen que reivindica la Cuarta Transformación del país, pues en su momento recibieron un fuerte respaldo de las organizaciones sociales.
“A nivel nacional, vemos como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha confiado plenamente en el Ejército, cuando les ha otorgado más facultades de las que habían tenido con otras administraciones pasadas, como el hecho de que incluso le haga encargos como si fuera una empresa constructora y le deje grandes proyectos nacional, incluso el cuidado de las fronteras y demás puntos estratégicos”, anotó.
Para el director del CDHM, Tlachinollan, no se debe supeditar el poder civil al militar, ya que eso debilita las instituciones democráticas, las cuales deben de estar centradas en la promoción y defensa de los derechos humanos.
MjI