Angélica, de 15 años y Nayeli de 13, quienes fueron rescatadas de matrimonios pactados a partir del acuerdo económico entre sus padres en Guerrero, permanecen en calidad de desplazadas.
Las autoridades del estado, del municipio de Cochoapa y organismos no gubernamentales como Tlachinollan, buscan la manera de generar las condiciones para que regresen a su pueblo, Joya Real, aunque actualmente se encuentran bajo amenaza.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, recuerda que a finales de octubre, Angélica fue encarcelada en la comisaría de Joya Real durante 10 días junto con su abuela y tres hermanitas, la causa, que se resistió a ser violada por su suegro.
El caso de Anayeli, de 13 años, se registró en noviembre, ella logró escaparse de un matrimonio pactado con otro niño de 12 años por la cantidad de 200 mil pesos, lo que también mereció que fuera retenida por la Policía Comunitaria de la localidad.
Ambas permanecen fuera de Cochoapa el Grande, sin saber cuál es la suerte que van a correr, lo que propició una reunión interinstitucional la jornada del martes en Tlapa de Comonfort.
De inicio, Barrera Hernández refiere que lo que se plantea es garantizar el retorno seguro a la comunidad, donde asegura, existe un ambiente adverso para ellas.
“En lugar de que la comunidad reaccionara para poder cobijarla y protegerla pues no, la misma situación de los intereses de grupo, la cultura machista, la situación que hay con los detenidos (los comunitarios que encarcelaron a Angélica pues están muy molestos, pero las autoridades tienen la obligación de no soltar el caso”, anotó.
Sostuvo que la situación de las menores es de violencia extrema, porque se les ha vendido para matrimonios forzados siendo todavía niñas, se les ha atacado sexualmente por parte de los suegros y por haber levantado la voz son niñas desplazadas.
“Tenemos en ellas a niñas que tienen que salir de la comunidad porque no hay condiciones para su retorno”, anotó.
La jornada del martes, dijo que en Tlapa estuvo la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Violeta Pino Girón; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narciso Gaytan; el fiscal regional Manuel Valente y la síndica procuradora de Cochopa el Grande.
A la reunión llegaron representantes de las casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, Espino Blanco y Caxitepec, para analizar la manera en que pueden contribuir.
Barrera Hernández manifestó que se ha comenzado a trazar la ruta respecto a como garantizar tranquilidad a las menores, pero además facilitar el retorno a Cochoapa con la certeza de que se le protegerá.
Hay el acuerdo de acudir el próximo lunes 13 de diciembre a la comunidad de Joya Real, ahí se convocará al pueblo para sostener una asamblea y decirle a los habitantes que se deben proteger los derechos de las menores.
Para ello, se tiene considerado que el Ministerio Público emita una serie de medidas cautelares a favor de las afectadas, de tal suerte que el gobierno municipal debe establecer el compromiso de monitorear a las menores.
Reconoció que lograr la reincorporación al pueblo es un gran reto, sobre todo por la actitud machista que prevalece en Joya Real. Dijo que es lamentable que lejos de solidaridad, haya una actitud poco favorable de los lugareños hacia las menores y sus familias.
“Esto se ha difundido porque las agraviadas se animaron a levantar la voz, pero en la Montaña hay muchas Angélicas y muchas Anayeli, se debe trabajar mucho, pero no se puede sin la intervención de las autoridades estatales y municipales”, anotó.
ledz