Organizaciones feministas y defensoras de los derechos políticos de las mujeres rechazaron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero que dejó sin efecto la postulación exclusiva de candidatas en 15 de los 18 municipios contemplados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Lo anterior, al considerar que la resolución representa un retroceso en la lucha por la igualdad sustantiva y mantiene el control masculino de las presidencias municipales.
Durante una conferencia de prensa, representantes de distintas colectivas y organizaciones civiles señalaron que el argumento del órgano jurisdiccional para invalidar los lineamientos fue la falta de una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afromexicanas, pese a que las medidas buscaban corregir una exclusión histórica de las mujeres en los espacios de poder.
Las activistas recordaron que inicialmente se identificaron 33 municipios de Guerrero donde ninguna mujer había gobernado una presidencia municipal mediante el voto popular. Sin embargo, el Congreso local redujo la lista a 20 y posteriormente el IEPC delimitó la acción afirmativa a 18 municipios.
Medida se limitó a tres municipios
Con los lineamientos aprobados el 30 de septiembre, el organismo electoral buscaba que las candidaturas a las alcaldías de esas demarcaciones fueran exclusivamente para mujeres, como una medida temporal para garantizar su acceso a los espacios de representación política.
No obstante, mediante una resolución del 29 de octubre de 2026, el Tribunal Electoral estatal determinó que debía realizarse una consulta previa en 15 municipios indígenas y dos afromexicanos, con lo que la medida quedó limitada a tres municipios.
Las representantes de las organizaciones cuestionaron que la impugnación haya sido presentada por dos presidentes municipales que buscan reelegirse y una persona indígena a título individual, y no por autoridades comunitarias, asambleas o consejos municipales.
Durante su posicionamiento, explicaron que las acciones afirmativas no constituyen privilegios, sino mecanismos para corregir desigualdades históricas que han impedido a las mujeres acceder en condiciones de igualdad a los cargos de elección popular.
Las activistas señalaron que la paridad debe garantizarse en sus dimensiones vertical, horizontal y transversal, para evitar que los partidos políticos registren mujeres únicamente en municipios donde tienen menores posibilidades de ganar, mientras reservan las demarcaciones más competitivas para candidatos hombres.
Advirtieron que esta práctica de los partidos políticos representa una simulación de la paridad, pues aunque cumplen con el registro numérico de mujeres y hombres, no garantizan condiciones reales de competencia ni oportunidades para que ellas puedan ganar y ejercer el poder.
También cuestionaron que se pretenda utilizar la consulta previa como argumento para postergar el acceso de las mujeres indígenas y afromexicanas a las presidencias municipales.
“Los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos se defienden”, expresaron durante el encuentro con medios de comunicación.
Analizan presentar recursos jurídicos
En su intervención, las representantes señalaron que no existe una contradicción entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos y los derechos políticos de las mujeres, por lo que consideraron que ambos deben garantizarse sin que la autonomía comunitaria se convierta en un mecanismo para reproducir la exclusión femenina.
Entre las participantes estuvieron María Luisa Garfias, de Aliadas por la Justicia; Marina Reina Aguilar, de la Asociación Guerrerense contra la Violencia contra las Mujeres, de la organización Redes; Ismaela Córdoba Carrera, docente y activista feminista por los derechos humanos, así como representantes de Mujer Suriana y otras colectivas.
Las organizaciones anunciaron que analizan la posibilidad de presentar recursos jurídicos, entre ellos un amicus curiae, para aportar argumentos a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia a la que solicitaron revisar la sentencia con perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad.
Finalmente, hicieron un llamado a las magistraturas federales para que no respalden una resolución que, a su juicio, prolongaría la exclusión de las mujeres de los gobiernos municipales.
“Las mujeres no podemos seguir esperando otros procesos electorales para tener la posibilidad real de gobernar nuestros municipios”, señalaron al insistir en que la paridad no debe quedarse en cifras de candidaturas, sino traducirse en oportunidades efectivas para acceder al poder político.
ksh