El Congreso de Guerrero aprobó una reforma que sanciona con dos y hasta seis años de cárcel las terapias de conversión, al considerarlas un delito contra la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
El Pleno del Congreso desahogó la reforma al Código Penal de Guerrero, que pretende erradicar las terapias de conversión sexual, argumentando que en realidad constituyen actos de tortura contra personas con una orientación sexual diferente.
Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, sostuvo en tribuna que la reforma al artículo 177 del Código Penal vigente representa un mensaje conjunto y contundente del Poder Legislativo de Guerrero hacia la comunidad nacional.
“Mandamos una señal más de preocupación por el pueblo guerrerense, como una legislatura que cuida los derechos de las personas”, anotó.
Recordó que se trata de una reforma que surge en el Ejecutivo local, como una muestra de la convicción democrática que pondera la igualdad entre las personas, independientemente de sus preferencias.
Tipificar las terapias de conversión como un delito garantiza el principio constitucional de la no discriminación.
“Buscamos la protección de los derechos de todas las personas, porque la convicción es no dejar a nadie atrás en la ruta de la igualdad y justicia para todas, todos y todes”, destacó.
Recordó que el 7.4 porciento de la población de Guerrero se asume como parte de la diversidad sexual, lo que da una muestra de la importancia de la reforma aprobada.
Indicó: “Nadie debería ser sometido a falsas terapias, que lo único que provocan es daño físico, moral y psicológico”.
“Las terapias de conversión son una aberración pseudo científica, un mecanismo de tortura, además de violencia física y mental, es un delito contra la diversidad sexual y contra la identidad de género”.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena enfatizó que las terapias de conversión son actos criminales, y al ser sancionables, representan un acto con el que los diputados de Guerrero comienzan a resarcir un poco de la deuda histórica con la comunidad LGBT.
Entre los datos planteados para fundamentar la propuesta, destacó que desde 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no es una enfermedad curable.
“Lo que votamos es una propuesta razonada y razonable, de 2 a 6 años de prisión, es una sanción que obedece a un comportamiento criminal, con ello beneficiamos a un sector que merece justicia social y penal”, destacó.
Cerró: “No necesitamos terapias, lo único que hay que curar es el daño perpetrado históricamente por los comportamientos discriminatorios, con ello se avanza más en el trayecto a la igualdad”.
MO